VARSOVIA, 4 Jul. (Reuters/EP) -
El Gobierno polaco ha anunciado este lunes su plan de reforma de las pensiones que le permitirá invertir en gasto público el fondo de reserva para las pensiones existente, el OFE, que será liquidado en favor del Fondo de Reserva Demográfico (FRD).
En concreto, el Gobierno transferirá una cuarta parte de los 140.000 millones de zlotys (unos 31.500 millones de euros) del OFE al FRD. Estos fondos serán gestionados por un director nombrado por el Gobierno y podrán destinarse a amortizar deuda pública. El resto del dinero se transferirá a fondos que lo invertirán en nombre de los ahorradores sin implicación alguna del Gobierno.
La nueva medida incentivará el ahorro de los trabajadores en fondos de pensiones privados, puesto que a partir de esta reforma no darán por garantizada su pensión de jubilación, según los analistas. La reforma entrará en vigor en 2018.
Con estas medidas, el partido gobernante, Ley y Justicia (PiS) tendrá más margen para invertir en mejoras del estado del bienestar prometidas.
"Existe el riesgo de que parte de los ahorros de las pensiones se utilicen para cubrir los compromisos preelectorales, pero el programa también afronta una importante debilidad estructural de la economía polaca como es el bajo ahorro", destaca un informe de economistas del banco ING.
La cuestión de las pensiones públicas es una bomba de relojería para el Gobierno polaco, ya que el país tiene una de las tasas de natalidad más bajas de la UE y la partida para pagar las pensiones actuales es cada vez mayor.
"Lo que estamos diciendo es que unos 100.000 millones de zlotys en activos no se venderán para financiar los presupuestos, sino que se mantendrán en la bolsa para ayudar a su desarrollo", ha explicado el vice primer ministro, Mateusz Morawiecki, en declaraciones a Reuters.
Inmediatamente tras el anuncio, el índice bursátil WIG20 polaco sufrió una importante caída y el zloty ha perdido en torno al 0,5 por ciento de su valor frente al euro.
Estos fondos provienen de la reforma de las pensiones de 1999 que obligaba a aportar el 19,5 por ciento de los ingresos brutos de los trabajadores a este fondo de pensiones.
