Archivo - El primer ministro portugués, Luis Montenegro - Europa Press/Contacto/Rita Franca - Archivo
MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Portugal, liderado por el conservador primer ministro Luis Montenegro, ha dado 'luz verde' este jueves a un proyecto de ley de ocho puntos para acelerar la deportación de migrantes irregulares en el país que contempla, entre otras medidas, ampliar los plazos de detención en los centros de internamiento temporales de dos a 18 meses.
"Para tener una política de inmigración regulada y humanista, tenemos que valorar y tratar adecuadamente e integrar a aquellos que vienen y llegan por los canales legales, pero para aquellos que prefieren la ilegalidad o se ha puesto en manos de redes de inmigración ilegal, tiene que haber consecuencias", ha defendido el ministro de la Presidencia portugués, Antonio Leitao Amaro.
La ley --que ha sido sometida a consulta pública y que tendrá que pasar por la Asamblea-- tiene como objetivo ampliar los plazos de detención en los centros de internamiento temporal hasta los seis meses, prorrogables por otros seis meses más, según ha explicado durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La legislación contempla también una ampliación de los períodos de prohibición de reingreso al territorio para aquellas personas que hayan sido expulsadas por la fuerza de su país de origen, así como medidas para evitar que el estatus de refugiado o asilado se utilice como táctica dilatoria para posponer o impedir la expulsión.
"Las leyes de inmigración están para cumplirlas: quien lo haga será bienvenido en el país. La comunidad deberá hacer esfuerzos para ayudar a la integración", ha argumentado, agregando que la legislación es una continuación de las políticas migratorias impulsadas en 2024.
Durante la rueda de prensa, Leitao Amaro ha hecho referencia al caso de los 38 ciudadanos marroquíes que entraron ilegalmente en Portugal y fueron liberados de los centros de acogida temporales donde se encontraban por superarse el período máximo de detención, recurriendo a "tácticas dilatorias previstas en la legislación vigente para posponer su expulsión forzosa".
"Con ese fin, presentaron solicitudes de asilo o protección internacional, recursos judiciales con efecto suspensivo y no presentaron documentación", señaló el Gobierno entonces, defendiendo que había "falta de condiciones legales, materiales y organizativas para la ejecución rápida y efectiva de las expulsiones forzosas".
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ya promulgó en octubre de 2025 una ley de extranjería aprobada en septiembre por la Asamblea de la República que modificaba los permisos de residencia, promovía la entrada de extranjeros con formación y establecía límites a la reagrupación familiar de inmigrantes.