Guatemala abre las urnas en unas presidenciales marcadas por la corrupción y la ausencia de las favoritas

Publicado 16/06/2019 15:41:14CET
REUTERS / SAUL MARTINEZ

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los centros de votación en Guatemala han abierto ya sus puertas para que los aproximadamente ocho ciudadanos empadronados ejerzan su derecho en la primera ronda a elegir al presidente de la República, 160 diputados, 340 cargos municipales y 40 miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En estas elecciones, la ex primera dama Sandra Torres es la gran favorita, aunque tendría complicado repetir victoria en la segunda vuelta del 11 de agosto, en un ambiente viciado por las decisiones judiciales y la corrupción.

Torres, que compite por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es la aspirante con más opciones de ganar, al menos la primera vuelta. Según los sondeos sobre intención de voto, concita un 22 por ciento de las preferencias, con una distancia de más de diez puntos sobre el siguiente candidato, lo que le aseguraría el pase al balotaje.

Fue la mujer de Álvaro Colom (2008-2011) y se divorciaron en el ocaso de su Gobierno, tras haber declarado abiertamente su deseo de ocupar el sillón presidencial en los comicios de 2011. Los tribunales Electoral, Supremo y Constitucional vetaron su candidatura porque la Carta Magna prohíbe a la familia del presidente en ejercicio sucederle inmediatamente.

Lo volvió a intentar en las elecciones presidenciales de 2015, en las que logró pasar a una segunda vuelta donde fue derrotada por Jimmy Morales, que el 14 de enero abandonará el cargo, puesto que la Constitución de Guatemala prohíbe la reelección.

La tercera tentativa tampoco ha estado exenta de polémica. Torres ha estado a punto de no poder concurrir por una acusación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña de 2015. La Corte Constitucional ha analizado su caso y la ha dejado participar en la contienda electoral, si bien aún debe emitir su decisión definitiva.

A SEGUNDA VUELTA

Estas maniobras han socavado el capital político de Torres, que también es la que mayor rechazo genera. El 34 por ciento de los entrevistados por Gallup en la Segunda Encuesta de Opinión Pública, publicada esta misma semana, dice que nunca votaría por ella. Le sigue Roberto Arzú, de la coalición conservadora PAN-Podemos, con un 3 por ciento.

El rechazo popular a Torres se reflejaría en una segunda vuelta --que se da por segura porque ninguno de los candidatos suma más del 50 por ciento en las encuestas--, ya que perdería contra cualquiera de los dos aspirantes que ocupan el segundo y el tercer puesto de cara este domingo.

Alejandro Giammattei, de Vamos por una Guatemala Diferente, conseguiría un 11,6 de los votos en la primera vuelta, en una situación de empate técnico con Arzú, con un 9,2. En un hipotético balotaje con Torres, Giammattei ganaría con un 38 frente a un 34 por ciento, y Arzú lo haría con un 36 frente a un 33 por ciento, de acuerdo con Gallup.

Para Giammattei tampoco es la primera vez. Ha intentado otras tres veces dirigir el Gobierno, pero le lastra un pasado relacionado con ejecuciones extrajudiciales en las cárceles cuando era el jefe del servicio penitenciario, si bien fue exonerado.

Arzú, hijo del ex presidente Álvaro Arzú, está implicado igualmente en temas judiciales. El pasado mes de marzo fue detenido en Miami (Estados Unidos) por el impago de una deuda a una consultoría política. El Tribunal Electoral no se ha pronunciado sobre el caso.

IMPORTANTES DESCARTES

Los dos candidatos que se disputan el segundo puesto este domingo han subido en el escalafón por la incomparecencia de la ex fiscal general Thelma Aldana y Zury Ríos, hija del ex dictador Efraín Ríos Montt, a quienes las encuestas situaban en el podio junto a Torres. Ambas fueron descartadas por el Constitucional.

Aldana era una de las candidatas más potentes por su lucha contra la corrupción desde el Ministerio Público en estrecha colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su trabajo sirvió para sentar en el banquillo al ex presidente Otto Pérez Molina y abrir un caso contra Morales y algunos familiares.

En mayo, a apenas un mes de la cita electoral, el alto tribunal la expulsó de la carrera presidencial por supuestos delitos de peculado y fraude tributario. La orden de captura en su contra llegó cuando estaba en El Salvador, donde sigue porque, según argumenta, su seguridad no está garantizada en Guatemala.

"Es evidente, querían detener mi inscripción (como candidata) y utilizaron instituciones del Estado para ese fin", ha denunciado Aldana. En su opinión, el caso en su contra es fruto de un "pacto de corruptos" entre los que ha señalado a Morales, además de a fiscales, jueces y empresarios.

Ríos, por su parte, vio frustrada su aventura presidencial por el artículo 186 de la Constitución, que veta al "caudillo" y a su entorno. La hija del que fuera el 'hombre fuerte' de Guatemala entre 1982 y 1983, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad, buscó amparo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero sin éxito.

LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN

La CICIG es uno de los grandes temas de esta campaña electoral porque los guatemaltecos consideran que la corrupción es uno de los principales problemas de la nación centroamericana (17 por ciento), solo por detrás del desempleo (25 por ciento) y la inseguridad (24).

La CICIG, un organismo independiente apoyado por la ONU, fue esencial para destapar el caso de fraude aduanero de 'La Línea' que obligó a Pérez Molina a dimitir a pocos días de las elecciones presidenciales de 2015 y por el que ahora tanto él como su vicepresidenta, Roxana Baldetti, responden ante la Justicia.

Morales, que llegó al Gobierno bajo la proclama de "tolerancia cero" en respuesta a la caída de Pérez Molina y Baldetti, también está siendo investigado por la presunta financiación ilegal de la campaña de 2015, y su hijo y hermano están cuestionados por fraude fiscal.

Además, una quinta parte de los actuales diputados tienen casos abiertos por corrupción, por lo que el 92 por ciento de los guatemaltecos no confía en el Congreso.

Con todo ello, muchos ciudadanos --el 72 por ciento-- creen que la CICIG es clave para combatir una corrupción endémica. No obstante, el presidente saliente ha anunciado que no renovará su mandato, que expira en el mes de septiembre, y, de los tres primeros candidatos, ninguno apoya su continuidad.

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