MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que al menos 35 presos de conciencia y presos políticos de la prisión de Black Beach, en Malabo, no reciben tratamiento medico, a pesar de que muchos de ellos sufren "enfermedades crónicas".
Aunque la organización precisó que el número exacto de presos de esta cárcel o su estado de salud es desconocido, sí ha podido constatar que al menos 35 de ellos carecen de atención médica. "Muchos de ellos sufren de enfermedades crónicas para las cuales no reciben ningún cuidado", afirmó Amnistía en una acción urgente amitida hoy.
Dos de ellos son Guillermo Nguema Elá y Donato Ondó Ondó, adoptados por AI como presos de conciencia y que están seriamente enfermos con problemas crónicos, malas condiciones de detención y la negativa de las autoridades de la prisión de proporcionarles atención médica. Amnistía Internacional "está seriamente preocupada por su salud y teme que sus vidas, y las de otros presos, pueda correr peligro".
Según Amnistía, todos los presos de la cárcel de Black Beach se ven privados actualmente de acceso a atenciones médicas, tras un aparente cambio de política detectado a finales de 2006.
Las condiciones de la prisión de Black Beach habían mejorado ligeramente a finales de 2005 debido a la apertura de una nueva ala y la autorización de visitas regulares por parte del Comité internacional de la Cruz Roja (CICR). Aparte, durante el año 2006 un médico o una enfermera visitaron mensualmente la cárcel, proporcionando cuidados a los detenidos y aconsejando a la prisión sobre la necesidad de enviar a los presos enfermos al hospital o a algún servicio médico exterior para un tratamiento.
No obstante, según AI, desde noviembre de 2006, las visitas a los detenidos se han visto limitadas a entre cinco y quince minutos al día, y desde principios de enero de 2007 las autoridades penitenciarias no han proporcionado tratamiento medico a los prisioneros.
El personal medico no ha sido autorizado a visitar la prisión y los presos no han podido ser llevados al hospital ni han podido consultar a ningún médico fuera de la prisión. Además, las autoridades penitenciarias no proporcionan medicamentos a quienes las necesitan. "Negarle a los presos enfermos acceso a un personal medico cualificado viola las reglas mínima establecidas por la ONU para el tratamiento de los prisioneros", advierte Amnistía.
GUILLERMO NGUEMA Y DONATO ONDÓ
Guillermo Nguema Elá padece de diabetes y de hipertensión y se la prescrito un tratamiento diario. Hasta que se han impuesto restricciones a los tratamientos medicos, tenía un control médico exterior una vez a la semana. En febrero se agravó su estado de salud. Su glucemia y su tensión arterial habrían alcanzado niveles muy elevados, y tuvo manifestaciones de fiebre y deshidratación. Su salud empezó a mejorar a principios de marzo de 2007 después de que su esposa le proporcionase algunas medicinas.
Donato Ondó Ondó habría estado enfermo en varias ocasiones. En los dos últimos años padeció de alopecia y de problemas de la piel. Donato Ondó no parece haber sido examinado por ningún médico y no habría recibido los tratamientos adecuados, según Amnistía.
Guillermo Nguema Elá y Donato Ondó Ondó formaban parte de un grupo de más de 140 personas, todas miembros del partido político Fuerza Demócrata Republicana (FDR), que fueron detenidas en marzo de 2002 y acusadas de haber tratado de derribar al Gobierno.
Todos ellos fueron condenados en mayo y junio de 2002 a un periodo prisión de 20 años tras un juicio carente de garantías, según Amnistía Internacional. Sesenta y seis de sus coacusados fueron también condenados pero la mayoría de estos últimos han sido liberados en virtud de varias gracias presidenciales. Sin embargo, Guillerno Nguema Elá y Donato Ondó Ondó y otros 11 más, continúan en la prisión de Black Beach en Malabo.
Según la organización, "la mayoría de ellos, si no todos, fueron severamente torturados en el momento de su detención". Por lo menos tres de ellos murieron en la cárcel como consecuencia de las secuelas de esas torturas para las que no recibieron tratamiento médico, aseguró Amnistía.
