NUEVA YORK, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha acusado a las fuerzas de seguridad iraquíes y a las milicias y los combatientes voluntarios que les apoyan de la "destrucción deliberada de bienes civiles" en septiembre de 2014 en la localidad de Amerli y en sus inmediaciones a principios de septiembre de 2014, tras la retirada de los milicianos de Estado Islámico por los ataques de la coalición liderada por Estados Unidos.
HRW ha subrayado que el Gobierno iraquí debe frenar a las milicias que le apoyan y los países que participan en la campaña contra Estado Islámico, como Estados Unidos e Irán, deben asegurarse de que las operaciones militares y otras formas de apoyo a la lucha contra el grupo terrorista "no allanan el camino para este tipo de abusos".
En un informe de 31 páginas titulado 'Después de la liberación vino la destrucción: Las milicias iraquíes y las secuelas en Amerli', HRW ha documentado, por medio de "varias visitas sobre el terreno, el análisis de imágenes de satélite, entrevistas a víctimas y testigos y la revisión de pruebas fotográficas y de video", que las milicias que respaldan al Ejecutivo iraquí "saquearon bienes de civiles suníes que habían huido del conflicto, incendiaron sus casas y negocios y destruyeron al menos dos pueblos enteros".
"Estas acciones constituyen una violación de las leyes de la guerra. HRW también documentó el secuestro de once hombres durante la operación, en septiembre y octubre", ha asegurado la ONG. "Irak no puede ganar la lucha contra las atrocidades de Estado Islámico con ataques contra civiles que violan las leyes de la guerra y atentan contra la decencia humana", ha afirmado el subdirector para Oriente Próximo y Norte de África de HRW, Joe Stork.
"Los abusos de las milicias están haciendo estragos entre algunas de las personas más vulnerables de Irak y están exacerbando las hostilidades sectarias", ha denunciado.
Según el relato de HRW, el 2 de marzo de 2015, las fuerzas de seguridad iraquíes y las milicias chiíes lanzaron un asalto sobre Tikrit, capital de la provincia de Saladino, para derrotar a Estado Islámico en la zona, después de que en esa ciudad los milicianos de negro mataran a al menos 1.000 soldados iraquíes en junio de 2014.
A finales de agosto, después de un asedio de tres meses por parte del grupo terrorista, las operaciones en tierra de las milicias chiíes progubernamentales y las fuerzas terrestres de los Gobiernos iraquí y kurdo, respaldadas por ataques aéreos iraquíes y estadounidenses, expulsaron a los milicianos de Estado Islámico de Amerli, en la provincia de Saladino. "A excepción de algunos enfrentamientos esporádicos, la zona se ha mantenido desde entonces prácticamente libre de combatientes de Estado Islámico, aseguran los residentes", ha contado la ONG.
Tras las operaciones para acabar con el asedio, las milicias chiíes, los combatientes voluntarios y las fuerzas de seguridad iraquíes "hicieron redadas en aldeas y barrios suníes alrededor de Amerli en las provincias de Saladino y Kirkuk", según HRW. "Muchas eran localidades por las que Estado Islámico había pasado y que en algunos casos había utilizado como bases. Parece que las milicias planearon al menos algunos de estos ataques con antelación, lo cual plantea interrogantes acerca de si los órganos políticos y militares del Gobierno que supervisan las milicias son responsables de la planificación de los ataques", ha advertido.
En otras partes de Irak y en Siria, HRW ha dicho que ha logrado documentar graves abusos y crímenes de guerra cometidos por Al Qaeda y Estado Islámico, que "muy probablemente constituyen crímenes contra la Humanidad".
"Muchos residentes suníes huyeron de la zona durante el asedio de Amerli por parte de Estado Islámico. Personas entrevistadas por HRW dijeron que Estado Islámico se centró en las viviendas y propiedades de las personas que creían que estaban relacionadas con el Gobierno iraquí, pero que no atacó a los demás residentes", ha señalado la ONG.
HRW ha explicado que 24 testigos, entre ellos combatientes peshmerga y jeques locales, le han relatado que vieron cómo las milicias chiíes "saquearon aldeas alrededor de Amerli después de que terminara la ofensiva contra Estado Islámico y justo antes de que destruyeran viviendas en la localidad". "Describieron ver cómo los milicianos sacaban de las casas bienes de valor, como refrigeradores, televisores, ropa e incluso cables eléctricos, para luego incendiarlas", ha asegurado.
Los residentes le han contado a HRW que las milicias, cuyos vehículos e insignias los identificaban como parte de las Brigadas Badr, Asa'ib Ahl al-Haqq, Kita'ib Hezbolá y Saraya Tala'a Al Jorasani, "destruyeron, en parte o en su totalidad, numerosos pueblos" situados entre las localidades de Al Jales, en la provincia de Diyala, y Amerli, a unos 50 kilómetros al norte.
En este contexto, combatientes de las fuerzas kurdas peshmerga que se unieron al Gobierno en la operación de Amerli le han comunicado a HRW que vieron 47 aldeas en las que las milicias habían "destruido y saqueado casas, negocios, mezquitas y edificios públicos".
"Las imágenes satelitales analizadas por HRW corroboraron estos testimonios. Las imágenes muestran que la mayoría de los daños fueron resultado de los incendios y demoliciones intencionales de edificios y que fueron causados después de que las milicias y las fuerzas de seguridad hubieran levantado el asedio de Amerli y después de que las fuerzas de Estado Islámico hubieran huido de la zona, entre principios de septiembre y mediados de noviembre", ha asegurado HRW.
La ONG ha señalado que no tiene documentadas denuncias de "asesinatos de civiles en esta operación" pero sí tiene documentadas las denuncias de "asesinatos de milicias y otros abusos en numerosas otras áreas de Irak en varios informes de 2013 y 2014".
En este sentido, ha recordado que el 17 de febrero el clérigo chií Muqtada al Sadr condenó los abusos de las milicias y anunció la suspensión de las actividades de las dos milicias que supervisa, Youm al-Mawoud y Saraya al-Salam, que también habían estado luchando contra Estado Islámico.
Además, en una carta fechada el 25 de febrero y enviada el 12 de marzo, la oficina del primer ministro iraquí, Haider al Abadi, ha reconocido a HRW que existieron "irregularidades individuales ajenas a la conducta del Gobierno".
Tras la respuesta del Gobierno de Bagdad, HRW ha hecho hincapié en que el Ejecutivo iraquí "debe frenar a las milicias con el fin de disolverlas". "El primer ministro, Haider al Abadi, debe tomar medidas inmediatas para proteger a los civiles en las zonas donde están luchando las milicias, evaluar y atender las necesidades humanitarias de los desplazados y asegurarse de que los líderes de las milicias y combatientes responsables de delitos graves, como los documentados en este informe, rinden cuentas", ha subrayado.
En esta misma línea, la ONG ha asegurado que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas "debe documentar públicamente los crímenes cometidos por las milicias y las fuerzas de seguridad contra civiles, así como también los crímenes de Estado Islámico". "Los países que brindan asistencia militar a Irak, como Estados Unidos e Irán, deben exigir que el Gobierno demuestre que está tomando medidas efectivas para acabar con los graves crímenes de las milicias", ha dicho.
"Irak claramente afronta serias amenazas en su conflicto con Estado Islámico pero los abusos cometidos por las fuerzas que combaten a Estado Islámico son tan desenfrenados y atroces que están amenazando a Irak en el largo plazo", ha afirmado Stork. "Los iraquíes se encuentran atrapados entre los horrores cometidos por Estado Islámico y el comportamiento abusivo de las milicias y son los iraquíes más vulnerables los que están pagando el precio", ha concluido.
