La ONG resalta que en las ejecuciones habrían participado supuestos mercenarios rusos y pide una investigación "imparcial"
MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Malí y presuntos mercenarios rusos habrían ejecutado a finales de marzo a cerca de 300 personas, incluidos algunos supuestos yihadistas, en la ciudad de Mourra (centro), según ha renunciado este martes la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
Los ejecutados serían parte de los detenidos durante una operación militar que arrancó en la zona el 27 de marzo, en la que supondría la mayor matanza a manos del Ejército desde el inicio hace cerca de una década de las operaciones antiterroristas en el país africano.
HRW ha señalado que sus investigaciones apuntan a que las Fuerzas Armadas y mercenarios extranjeros, que múltiples fuentes identifican como miembros del Grupo Wagner, ejecutaron a cientos de personas en pequeños grupos tras su detención en Mourra.
El Ministerio de Defensa maliense aseguró el 1 de abril que entre el 23 y el 31 de marzo el Ejército había matado a más de 200 supuestos terroristas y había arrestado a más de 50, antes de agregar que los sospechosos planeaban un encuentro entre diversos grupos terroristas en la localidad.
"Los abusos por parte de los grupos islamistas armados no son una justificación para el asesinato deliberado de personas bajo custodia por parte del Ejército", ha dicho la directora de HRW para el Sahel, Corinne Dufka. "El Gobierno maliense es responsable de esta atrocidad, la peor en una década en Malí, ya fuera llevada a cabo por fuerzas malienses o por soldados extranjeros asociados", ha agregado.
La organización ha hablado con 27 personas con conocimiento de lo sucedido, incluidos testigos, líderes comunitarios y diplomáticos extranjeros. Entre ellos figura un residente que presenció ejecuciones antes de ser liberado el 31 de marzo: "Vivía aterrorizado. Cada minuto, cada segundo pensando que sería mi turno para ser trasladado y ejecutado", ha relatado.
Las ejecuciones tuvieron lugar en el marco de un repunte de los asesinatos extrajudiciales de civiles y sospechosos desde finales de 2021 por parte de grupos terroristas como las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico, así como por parte de las fuerzas de seguridad de Malí, un país dirigido desde agosto de 2020 por una junta militar tras el derrocamiento del entonces presidente, Ibrahim Boubacar Keita.
Residentes entrevistados por HRW han indicado que en varias localidades del centro de Malí hay desplegados desde enero hombres armados blancos y no francófonos que participan en las operaciones de las fuerzas de seguridad. Estas fuentes han identificado a estas personas como rusos, en el marco de los contactos entre Bamako y Moscú para reforzar la lucha contra el yihadismo.
La ciudad de Mourra ha estado bajo control casi total de islamistas vinculados a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), parte de Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM). El grupo ha impuesto el pago de impuestos a civiles y ha amenazado a los que no se ciñan a sus estrictas normas de comportamiento bajo la 'sharia'.
La inmensa mayoría de los ejecutados por el Ejército y las fuerzas aliadas son miembros de la comunidad fulani, también conocida como peul. Los fulani, de mayoría musulmana, son vistos con suspicacia en Malí y otros países de la región debido a que los grupos yihadistas han aprovechado el descontento y la tradicional marginación de los peul para engrosar sus filas.
"El Gobierno de Malí debe investigar de forma urgente e imparcial estas matanzas, incluido el papel de soldados extranjeros", ha reseñado Dufka. "Para que estas investigaciones sean suficientemente independientes y creíbles, las autoridades deben buscar asistencia de la Unión Africana (UA) y Naciones Unidas", ha remachado.
