MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Libia debería asegurarse de que los dos altos cargos del Gobierno del exlíder libio Muamar Gadafi, extraditados el martes desde Egipto, son tratados de forma humana y de que sus derechos son garantizados durante el proceso judicial, según ha anunciado este sábado la ONG Human Rights Watch.
Durante el mes de marzo, las autoridades egipcias han detenido al antiguo embajador libio en Egipto Alí Marya, al exdirector del fondo estatal libio Mohamed Ibrahim Mansur, y a Ahmed Gadafi al Dam, primo y asesor cercano del exdirigente libio. Los dos primeros fueron extraditados a Libia el martes para ser juzgados por corrupción financiera.
"Juzgar a antiguos funcionarios gadafistas por sus crímenes pasados es un paso importante para que los libios consigan justicia", ha declarado el subdirector para Oriente Próximo y el Norte de África de HRW, Nadim Hury. "Sin embargo, dado el actual nivel de abusos a detenidos en Libia, ninguna persona que tenga que ser juzgada debería ser devuelta al país a menos que el Gobierno pueda demostrar que no será objeto de abusos o que no se le negará un juicio justo", ha añadido.
Según la ONG, el país norteafricano debería ofrecer garantías creíbles de que los derechos de los detenidos serán protegidos, incluyendo el derecho a una revisión judicial rápida y a que se les informe prontamente de los cargos de los que son acusados. Asimismo, cualquier persona que vaya a ser extraditada debe tener la oportunidad de impugnar la extradición si teme ser víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos o de cualquier violación de sus Derechos Humanos.
Tras la caída de Gadafi a mediados de 2011, muchas de las personas que trabajaban de forma oficial o extraoficial para el régimen huyeron del país, la mayoría a Egipto o Túnez. Según un artículo publicado por 'The New York Times', el nuevo Gobierno libio entregó en 2012 una lista a las autoridades egipcias con el nombre de 40 personas sobre las que pesaba orden de arresto. Recientemente, Libia ha entregado a Egipto una nueva lista con el nombre de otras 88 personas buscadas.
El Gobierno libio reconoce la existencia de unas 8.000 personas detenidas en el país. Sin embargo, sólo 5.600 se encuentran retenidas en instalaciones controladas, hasta cierto punto, por el Gobierno o el Ejército. El resto, se encuentran arrestadas de forma ilegal por algunas milicias, algunos de ellos en prisiones secretas.
HRW ha solicitado a Libia que permita el acceso de las organizaciones humanitarias internacionales a los presos comunes y extraditados para que éstas puedan monitorizar las condiciones en las que viven los detenidos.
La ONG considera que las autoridades libias deberían asegurarse de que todos los detenidos son transferidos a instalaciones que se encuentran bajo control gubernamental y de que éstos son llevados ante un juez o un cuerpo judicial rápidamente para revisar la legalidad de su arresto, y en caso de que éste no esté legalmente justificado, deberían ser liberados de forma inmediata.
Las leyes internacionales prohíben que una persona sea extraditada o transferida a otra país, si ésta es susceptible de ser torturada. "Libia quiere, de forma comprensible, procesar a las personas que cometieron graves delitos", ha manifestado Hury. "Sin embargo, los países no deberían cooperar ni enviar gente allí a menos que Libia pruebe que respeta la ley, que trata a los detenidos con humanidad y que respeta sus derechos", ha concluido.
