HRW pide que el Ejército sea investigado por la muerte de 51 personas que exigían la libertad de Mursi

NUEVA YORK 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch, ha pedido al presidente en funciones de Egipto, Adli Mansur, que investigue al Ejército y a la Policía por las muertes de 51 personas el pasado 8 de julio a las puertas del cuartel donde presuntamente permanecía retenido el derrocado presidente Mohamed Mursi, y ha solicitado por extensión a las autoridades egipcias que rompan el ciclo de impunidad que lastra el desarrollo democrático nacional.

HRW solicita que estas investigaciones "sean desarrolladas por la Judicatura civil, de manera independiente tanto a nivel práctico como institucional, de la cadena militar de mando", según la última declaración de la ONG.

El grupo hace hincapié en que tanto el Ejército como la Policía hicieron uso de "fuerza excesiva" en los incidentes que desembocaron en la masacre y pide que la Fiscalía egipcia investigue a los militares y a los agentes, y no solo a los Hermanos Musulmanes y al resto de partidarios del presidente derrocado.

"El Ejército tiene un largo historial que se caracteriza por responder, de manera rápida y exagerada, con fuerza letal para romper las protestas", denunció el director en funciones de la sección para Oriente Próximo de HRW, Joe Stork.

"Testigo tras testigo han descrito cómo el Ejército ha disparado contra la multitud, contra personas desarmadas, y el Gobierno tiene que descubrir quién es el culpable", añadió Stork. De lo contrario, mantiene el responsable de HRW, el nuevo gobierno en funciones no tendrá credibilidad en sus afirmaciones de que piensa respetar los Derechos Humanos en este periodo de transición.

El relato de los testigos consultados por HRW describe un escenario inicialmente pacífico en el que varias decenas de personas organizaron una sentada para exigir la puesta en libertad de Mursi. La tranquilidad se rompió con la intervención militar, con la presencia de soldados en la calle, flanqueados por francotiradores en los tejados, a los que la multitud comenzó a responder con cócteles molotov y piedras.

El saldo de los enfrentamientos fue de 51 manifestantes muertos, a los que hay que añadir otros seis fallecidos: tres miembros de las fuerzas de seguridad, dos agentes y un soldado, según los Ministerios de Salud y Defensa.

A pesar de que el Ejército ha denunciado que actuó en defensa propia cuando la manifestación intentó asaltar el cuartel, HRW denuncia que hasta ahora los militares no han aportado ninguna prueba. La investigación particular de la ONG, para la que ha consultado a más de una veintena de testigos, tampoco ha arrojado evidencias de que la multitud tuviera intención de actuar con violencia antes de que la Policía y el Ejército atacaran la concentración.

La promesa del presidente en funciones de investigar el incidente a través de "un panel judicial civil" no ha fructificado y todavía hoy se desconoce quién formará ese panel y qué competencias tendrá, según la ONG, que recuerda que la declaración constitucional promulgada el 8 de julio por Mansur concede al sistema judicial militar el poder absoluto a la hora de procesar cualquier crimen cometido por los soldados.

"Para acabar con esta discrepancia, Mansur debería emitir otra declaración para autorizar la creación de tribunales independientes civiles que investiguen los abusos de las fuerzas militares contra los civiles", indicó la declaración de HRW.

"Hemos comprobado constantemente", remachó Stork, "que el sistema militar no puede investigar de manera imparcial los crímenes contra los derechos humanos, porque sus jueces y fiscales pertenecen a la misma cadena de mando que aquellos a quienes investigan, por lo que la independencia y la imparcialidad son imposibles", añadió, antes de calificar el incidente como "el más sangriento visto desde la caída del expresidente Hosni Mubarak en 2011 y que llega en un momento de extrema polarización política".