Indonesia.- El TC rechaza la petición de anulación de pena de muerte contra tres australianos condenados por drogas

Actualizado: martes, 30 octubre 2007 10:03

YAKARTA, 30 Oct. (EP/AP) -

El Tribunal Constitucional indonesio dictaminó hoy que las sentencias a pena de muerte por delitos de drogas no violan la Carta Magna, rechazando así la petición de tres australianos que esperan en la cárcel a ser ejecutados por tráfico de heroína.

Esta sentencia resulta un duro golpe para estos presos, tres de los nueve jóvenes australianos que fueron arrestados por la Policía indonesia en 2005 al frustrar un intento de llevar a Australia 8,3 kilos de heroína a Australia desde la turística isla de Bali.

"Estamos decepcionados. Tenemos a hombres jóvenes en el corredor de la muerte. Daremos pasos rápidos limpiamente para asegurarles un último camino de apelación", explicó John North, el abogado defensor de uno de los condenados, Scott Rush.

Otros tres chicos se enfrentan también a la pena de muerte, pero no están incluidos en la petición ante el Tribunal Constitucional. Dos miembros del grupo, apodado "Los nueve de Bali" por los medios australianos, están condenados a cadena perpetua y otro más a 20 años de prisión.

Los jueces del Constitucional rechazaron la petición de los jóvenes por seis votos en contra y tres a favor, ya que consideran que la cláusula de la Carta Magna referida al derecho a la vida no anula la declaración de que los crímenes graves puedan ser castigados con la muerte.

La petición fue cursada por los abogados de los tres australianos condenados a la pena de muerte, pero el tribunal no tiene poder directo para anular las sentencias.

A finales de 2006, un total de 134 personas estaban en los corredores de la muerte de Indonesia, incluyendo 37 extranjeros y 97 nacionales, la mayoría de ellos condenados por delitos relacionados con drogas. Al menos cuatro extremistas islamistas esperan la muerte por su participación en atentados con bomba.

Tanto el Gobierno indonesio como la Policía y los jueces han expresado su apoyo a la pena capital por delitos de drogas. El país ha ejecutado a al menos ocho personas desde el año 2000.