WASHINGTON, 15 Feb. (EP/AP) -
Auditores estadounidenses encargados de vigilar los contratos firmados para proyectos de reconstrucción en Irak, cifraron hoy ante un Comité de Reforma y Vigilancia Gubernamental en 10.000 millones de dólares (7.600 millones de euros) las partidas de dinero malgastadas o cuyo destino final es incierto en Irak.
En este sentido, los tres auditores achacaron esta falta de control presupuestario al papel de funcionarios del Departamento de Defensa y de Estado norteamericanos que han condonado créditos o han llevado a cabo una contabilidad de los gastos inadecuada, así como a los numerosos retrasos en los proyectos de construcción, facturas infladas y pagos por obras inacabadas o incluso nunca ejecutadas.
Por ello, advierten a la Administración estadounidense del riesgo de perder cuantiosas partidas de dinero en la guerra en Irak y en las tareas de reconstrucción del país por la falta de gestión presupuestaria.
Por su parte, la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO) incidió en la posibilidad de que la situación empeore, dado los pocos avances y medidas que el Departamento de Defensa ha impulsado para corregir las partidas malgastadas en Irak.
En este sentido, el supervisor general de la GAO --el brazo auditor del Congreso estadounidense--, David M. Walker, subrayó que su agencia lleva años informando de los problemas de contabilidad, aunque las denuncias han caído en saco roto. "No hay contabilidad", simplificó Walker, tras incidir en que "no se responsabiliza a las organizaciones encargadas de supervisar contratos". "Las personas deben ser premiadas cuando hacen bien su trabajo, pero cuando las cosas no van bien, tiene que haber consecuencias", aseveró.
Por otra parte, los senadores demócratas presentaron una proposición de ley, auspiciada por 24 senadores, para endurecer el castigo a quienes se beneficien de forma ilegal de contratos suscritos. En este sentido, las condenas podrían elevarse hasta 20 años de cárcel y multas de hasta 1 millón de dólares (760 millones de euros) de ser aprobado el borrador de ley, una ley que introdujo la Administración anterior de Clinton y que fue suprimida por el Ejecutivo de George W. Bush.
