MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
Tres expertos independientes de Naciones Unidas expresaron hoy en un comunicado su profunda preocupación sobre los informes que hablan de presuntas torturas a los opositores iraníes que fueron interrogados tras las manifestaciones post electorales.
Estos expertos son el vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, Malick El Hadji Sow; el ponente especial sobre tortura y tratos degradantes, Manfred Nowak, y su homóloga para la los activistas pro Derechos Humanos, Margaret Sekaggya.
"Ningún sistema judicial puede dar por válida una confesión obtenida como resultado de interrogatorios violentos o bajo tortura", denunció el ponente especial de la ONU sobre tortura y tratos degradantes, Manfred Nowak, quien no dudó en comparar el proceso judicial con un "espectáculo".
Además, Nowak precisó en declaraciones a Reuters que existen denuncias por "palizas, electrochoques (y) presión física y psicológica". Este profesor austriaco dijo que estas conductas podrían haberse producido no solo en las cárceles, sino también en las comisarías, y que las acusaciones están lo suficientemente fundamentadas como para que el Gobierno se vea obligado a investigar.
"Estas confesiones por presuntos crímenes como amenaza a la seguridad nacional y traición no deben, bajo ninguna circunstancia, ser admitidas como evidencias en el Tribunal Revolucionario", añadió el vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, Malick El Hadji Sow.
Asimismo, este grupo de expertos recordó que las autoridades judiciales no han permitido a los medios de comunicación extranjeros cubrir la información sobre los juicios y puso en duda que los acusados hayan recibido la asesoría legal adecuada. Mientras, en las cárceles iraníes continúa habiendo muchos detenidos completamente aislados y sin cargos.
Por otra parte, la ONU sostiene que las familias de los fallecidos están aportando información falsa o contradictoria sobre la causa de sus muertes. Hace un mes, los expertos de Naciones Unidas ya alertaron sobre los asesinatos, los arrestos arbitrarios y la represión ejercida por la Policía en las concentraciones de la oposición, razón por la que instó al Gobierno a cumplir con sus compromisos en materia de Derechos Humanos.
