JERUSALÉN, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Administración Civil, organismo israelí encargado de administrar las tierras declaradas públicas de Cisjordania, ha reconocido en un informe remitido al Tribunal Supremo israelí que en los últimos 33 años sólo ha otorgado un 0,7 por ciento de los terrenos estatales a palestinos, la mayoría expropiados tras la ocupación israelí en 1967, mientras que el 38 por ciento de estas tierras han ido a parar a judíos de los asentamientos.
La Administración Civil ha revelado que en los últimos 33 años se han contabilizado 130.000 hectáreas de terrenos estatales, una pequeña parte ya declarada como tal antes de 1967 por las autoridades jordanas, aunque la mayoría fue recalificada así después de la ocupación israelí, según este informe de la Administración Civil.
De ellas, 67.100 continúan siendo públicas, mientras que 40.000 fueron asignadas a la Organización Sionista Mundial y en ellas están actualmente la gran mayoría de los asentamientos judíos de Cisjordania.
Otras 10.300 hectáreas fueron asignadas a empresas de telecomunicaciones para levantar antenas de telefonía móvil y a ayuntamientos locales para la construcción de edificios públicos. Sólo 860 hectáreas, el 0,7 por ciento de los terrenos estatales, han sido asignados a palestinos.
"Israel lleva años argumentando que los asentamientos sólo se construyen en terrenos estatales, pero se ha demostrado repetidamente que esto es falso. Los datos de cesiones a los palestinos que la Administración Civil se ha visto obligada a revelar demuestran que las tierras estatales de Cisjordania son sólo para uso de los israelíes", ha denunciado un investigador de la ONG israelí Bimkom, Nir Shalev.
Según las investigaciones de ONG palestinas e israelíes, en numerosas ocasiones ni siquiera la presencia de casas y cultivos en terrenos propiedad de palestinos durante generaciones impedía la expropiación.
Las recalificaciones se produjeron a partir de 1979, cuando el propio Supremo israelí declaró ilegales las expropiaciones de tierras palestinas por motivos militares, aunque en realidad eran empleadas para levantar colonias judías.
Además, la legislación establecía que cualquier tierra cultivada durante un mínimo de diez años pasaba a ser propiedad del agricultor y que ninguna tierra cultivada podía ser expropiada. De ahí la importancia de mantener las plantaciones palestinas, como los emblemáticos olivos, sistemáticamente desarraigados por los israelíes.
La Administración Civil es la encargada de decidir qué tierras están siendo cultivadas, supuestamente basándose en testimonios y fotografías aéreas, pero recientemente el propio organismo ha reconocido durante un proceso judicial en el Tribunal Militar de Ofer que las decisiones se tomaban en base a criterios políticos.
El caso se abrió a raíz de la polémica por la construcción del asentamiento judío de Hayovel, levantado sobre unos terrenos en los que las fotografías aéreas demostraron que había viviendas palestinas y cultivos a su alrededor. Sin embargo, se utilizó la argucia legal de que el terreno entre árbol y árbol no estaba cultivado, por lo que podía ser expropiado. Ahora el caso ha llegado al Supremo, y la Administración Civil ha sido obligada a entregar estos datos.