El jefe del Ejército birmano denuncia "injerencias" tras un informe de la ONU que recomienda su destitución

Min Aung Hlaing
REUTERS / POOL NEW - Archivo
Publicado 24/09/2018 16:24:27CET

RANGÚN (BIRMANIA), 24 Sep. (Reuters/EP) -

El jefe del Estado Mayor del Ejército birmano, el general Min Aung Hlaing, ha advertido este lunes de las "injerencias" extranjeras en el país después de que una misión de investigación de la ONU planteara en sus conclusiones la necesidad de relevarle del mando y procesarle por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por la persecución y deportación de miembros de la minoría musulmana rohingya.

Min Aung Hlaing ha asegurado así que Birmania cumple con todos los acuerdos de la ONU y se ha referido a los posibles contactos entre dirigentes internacionales en Nueva York aprovechando la sesión anual de la Asamblea General de la ONU y a "conversaciones que interfieran en los asuntos internos" que podrían causar un "malentendido".

"Los países tienen distintos criterios y normas. Un país, organización o grupo no tiene derecho a interferir y tomar decisiones sobre la soberanía de un país", ha afirmado Min Aung Hlaing en sus primeras declaraciones desde el anuncio del TPI, publicadas en su página oficial en inglés.

Las declaraciones fueron realizadas este domingo durante un viaje al noreste del país y son igualmente recogidas en un periódico propiedad del Ejército. En las mismas se refiere a los rohingyas como bengalíes, reafirmando la tesis birmana que son ciudadanos de Bangladesh, y ha defendido la necesidad de someterlos a la Ley de Ciudadanía de 1982. Esta ley veta como ciudadanos a quienes no son miembros de una etnia reconocida oficialmente. Los rohingyas no están reconocidos como etnia.

Además, el Tribunal Penal Internacional ha abierto diligencias sobre posibles crímenes contra la Humanidad por la persecución y deportación de miembros de los rohingyas.

Una misión de investigación de la ONU concluyó en agosto que las Fuerzas Armadas birmanas habían actuado con una "intención genocida" en el estado de Rajine, del que han huido más de 700.000 personas en el último año para escapar de la represión y la violencia. Los investigadores abogaron por imputar al jefe de las Fuerzas Armadas y a cinco altos cargos más.

Las autoridades birmanas, por su parte, han negado que hayan cometido atrocidades contra la minoría rohingya y han considerado que sus operaciones armadas estaban justificadas para contener la violencia miliciana.