Un juez ordena al Gobierno de Colombia abstenerse de bombardear objetivos militares en zonas con menores reclutados

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Bogotá ha ordenado, como medida provisional, al Gobierno de Colombia abstenerse de lanzar ataques aéreos contra objetivos militares en zonas en las cuales exista información sobre una posible presencia de menores reclutados o "utilizados" por grupos armados.

Dictada esta medida para la Presidencia del país, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada, el Juzgado 34 de Familia de la capital colombiana ha ordenado que "se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados", reza el texto judicial consultado por Europa Press.

Todo ello, agrega la resolución, "hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine, conforme a la información disponible y a los protocolos operacionales aplicables, que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo perseguido".

De este modo, la referida sala bogotana ha admitido una acción de tutela --recurso de amparo-- presentada por Ower Jimmy Borda Parra en calidad de agente oficioso de menores reclutados o utilizados por grupos guerrilleros que se encuentren en campamentos o zonas respecto de las cuales la Fuerza Pública tenga información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre su presencia y que puedan resultar afectados por operaciones aéreas ofensivas.

La resolución dictada por la togada Viviana Arciniegas Gómez llega apenas unos días después de que el Instituto de Medicinal Legal anunciara la identificación de tres menores de edad entre los diez cuerpos recibidos tras un operativo militar realizado en una zona rural del municipio de El Retorno, en el selvático departamento de Guaviare, en el sur del país, contra disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A ello se suma la muerte de otro menor de edad durante el primer bombardeo ordenado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la convulsa región del Catatumbo, en el noreste del país, según confirmó el citado Instituto al diario 'El Espectador'.

UN FALLO "ABSURDO" E "INCONSTITUCIONAL"

Conocido el fallo no ha tardado en salir al paso el propio ministro del Interior colombiano, Rodrigo Lara, quien ha tachado al mismo de "absurdo" e "inconstitucional", avanzando que "será apelado".

"Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria", ha sostenido el alto funcionario señalando que "en un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos".

A renglón seguido, Lara ha considerado que si bien "los menores deben ser protegidos con el máximo rigor", algo que, ha aseverado, "así lo viene haciendo y lo hará" el Ejecutivo a que pertenece, a su juicio, el hecho de "convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo".

MÁS DE 1.170 MENORES RECLUTADOS DESDE 2024

Esta misma semana, la Defensoría del Pueblo ha informado que entre 2024 y el 31 de julio de 2026 han sido contabilizados un total de 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. De este total, 97 corresponden a la fecha comprendida entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año.

"Alrededor del 40% eran niñas y adolescentes mujeres, y un porcentaje muy importante correspondía a menores de edad pertenecientes a pueblos indígenas", ha precisado la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtiendo a su vez de que existe un "importante subregistro" y que "muchos casos" solo llegan a conocerse cuando los menores mueren en combates entre grupos armados ilegales o en operativos de la Fuerza Pública.

Al calor de las últimas cuatro muertes de menores registradas tras bombardeos militares contra objetivos en Guaviare y el Catatumbo, Marín ha remarcado que el Estado "debe extremar las precauciones y evaluar alternativas que permitan proteger sus vidas".