Archivo - Imagen de archivo de tanques del Ejército de Birmania en Rangún. - Aung Kyaw Htet/SOPA Images via Z / DPA - Archivo
MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha concedido este martes la amnistía a más de 7.000 presos condenados por violar la nueva Ley de Terrorismo, una legislación que según voces críticas es utilizada para acallar voces disidentes en el país asiático.
En un anuncio publicado por la propia junta, las autoridades han indicado que todos los presos afectados serán "perdonados" con la condición de no volver a incurrir en los delitos que los llevaron a la cárcel. Así, un total de 7.337 personas se han visto beneficiadas de esta medida y podrán salir de prisión.
En caso de que incurran en nuevos delitos, "deberán cumplir el total de las penas a las que fueron condenados antes de su salida de prisión", tal y como ha indicado la junta en un comunicado.
Además, otras 12.487 personas que habían sido imputadas por delitos similares han sido exoneradas. No obstante, la junta no ha detallado si entre los afectados hay ciudadanos extranjeros.
Miles de personas han sido detenidas y encarceladas desde que el Ejército se hizo con el poder hace ya más de cinco años. Los seguidores de la otrora líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, han sido clasificados en su mayoría como "terroristas" y muchos de ellos se enfrentan a largas penas de prisión.
La Asociación de Asistencia para los Presos Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) sitúa en al menos 30.538 la cifra de personas que se encuentran encarceladas en el país asiático por motivos políticos desde el golpe de Estado. De todos ellos, 22.818 siguen en prisión. Estas cifras apuntan, asimismo, a que 7.483 civiles han muerto a manos de la junta desde la asonada militar.
El golpe de 2021 fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.
La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha visto sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).