VIENA, 15 Jul. (Reuters/EP) -
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha telefoneado este lunes a su homólogo bahreiní, Jaled al Jalifa, para expresarle su preocupación por la expulsión del país del vicesecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo de Estados Unidos, Tom Malinowski.
Malinowski fue declarado persona non grata y expulsado del país tras mantener una reunión con miembros del partido opositor Al Wefaq. Además, las autoridades presentaron cargos contra el líder de la formación, el jeque Alí Salman, por participar en dicha reunión.
Kerry "ha reiterado la postura estadounidense de que la petición del Gobierno de Bahréin para que un representante del Ministerio de Exteriores estuviera presente en las reuniones privadas entre los diplomáticos estadounidenses y las figuras políticas del país es inaceptable y va contra el protocolo diplomático".
Asimismo, el secretario de Estado ha mostrado su preocupación por los cargos contra Salman y el alto cargo de la formación Jalil al Marzuq. El Gobierno bahreiní ha asegurado que ambos deberían haber obtenido un permiso para reunirse con Malinowski.
Al Wefaq ha confirmado los cargos y los ha tachado de injustos, afirmando que tales regulaciones nunca deberían haberse aplicado y que nadie debería ser procesado por ellas.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las manifestaciones, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
