CARACAS, 18 Feb. (EDIZIONES) -
Leopoldo López cumple tres años de cautiverio en Ramo Verde, una cárcel militar a las afueras de Caracas que se ha convertido inusitadamente en el foco de la vida política venezolana, un estatus que amenaza con prolongar ahora que la Justicia ha estrechado el cerco sobre el líder opositor.
El 18 de febrero de 2014, el jefe de Voluntad Popular se entregó a las fuerzas de seguridad a la cabeza de una marcha por las calles caraqueñas en la que le acompañaron miles de personas vestidas de blanco para responder por las acusaciones en su contra.
"Daré la cara", dijo en un vídeo difundido en redes sociales tras pasar una semana escondido. Entonces, llamó a "dar la lucha en las calles" para "construir en este momento oscuro la ventana que puede abrir un mejor futuro para Venezuela". "Estamos del lado correcto de la historia", afirmó.
La Fiscalía imputó a López cargos de asociación para delinquir, instigación pública, daños a la propiedad e incendio, dando lugar a un juicio que comenzó el 24 de julio de 2014 y concluyó más de un año después, el 10 de septiembre de 2015.
La razón fue la ola de violencia que estalló el 12 de febrero de 2014 en las marchas convocadas por Gobierno y oposición para conmemorar el Día de la Juventud en Caracas. Simpatizantes de uno y otro bando se enfrentaron con un saldo de tres muertos y decenas de heridos.
Esta jornada desató una cadena de protestas sin precedentes en Venezuela que supuso el mayor desafío hasta la fecha para el recién estrenado Gobierno de Nicolás Maduro y arrojó un trágico balance de 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.
López, principal altavoz de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), fue señalado por las autoridades venezolanas como el responsable de incitar a la violencia, si bien --defiende-- solo pretendía hacer "una llamada de esperanza para el cambio" en la nación caribeña.
El resultado fue una condena a exactamente 13 años, nueve meses y siete días de cárcel fundada, según la defensa, en un proceso judicial plagado de irregularidades que esta misma semana ha recibido el último visto bueno de la Justicia venezolana.

SIN ESCAPATORIA
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ratificado la condena contra López por considerar "manifiestamente infundado" el recurso de casación presentado el año pasado por la defensa del disidente venezolano.
Para Juan Carlos Gutiérrez, su abogado, "desde el punto de vista político y social no es una sorpresa". Pero "desde el punto de vista estrictamente legal sí lo es porque esta sentencia contradice criterios de la misma Sala y decisiones firmadas por los jueces" que la integran.
"Se trata de un acto de injusticia de grandes proporciones" que se suma a la larga lista de irregularidades que han plagado el proceso judicial contra López, ha denunciado Gutiérrez en una entrevista telefónica con Europa Press.
Son precisamente estas irregularidades las que proporcionan la última acción legal que la defensa puede ejercer en Venezuela: un recurso de revisión "por falsedad en las pruebas" que, de acuerdo con el letrado, fueron "tergiversadas" por la jueza Susana Barreiros para fundar su fallo.
La teoría de la defensa está respaldada por el testimonio de Franklin Nieves, uno de los fiscales del caso, que, tras huir a Miami y poco meses después de que se dictara la sentencia contra López, reveló que el Ministerio Público había presentado pruebas falsas.
Si este recurso de revisión no prospera, algo con lo que Gutiérrez ya cuenta porque caerá en manos de jueces venezolanos --que no han demostrado "la autonomía, independencia e imparcialidad" que corresponden a su cargo--, el caso entrará en terreno internacional.

LA PUERTA DE LA ONU
Gutiérrez, que confiesa que lleva "meses" sopesando las acciones legales en el exterior, planea acudir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para la defensa, el caso contra López "se ha caracterizado por las muchas violaciones" de este tratado internacional. Entre ellas, Gutiérrez ha destacado la libertad de expresión, ya que el líder opositor fue perseguido "por formular críticas contra el presidente Maduro".
Pero no es la única. El proceso "se inició con una orden de captura sin fundamento legal" y se sustanció ante autoridades militares pese a tratarse de un civil y el juicio se celebró a puerta cerrada sin que la defensa pudiera presentar sus propias pruebas, ha señalado Gutiérrez.
En su opinión, son motivos "más que suficientes" para que el Comité declare la "responsabilidad internacional" de Venezuela por incumplir las obligaciones dimanantes de dicho Pacto, del que forma parte. "Esperamos que la ONU actúe", confía.
Al mismo tiempo admite que las posibilidades de éxito son pocas porque, aunque el Comité decida contra Venezuela, el Gobierno de Maduro ya ha ignorado pronunciamientos anteriores de Naciones Unidas a favor de López, como los del comité contra la tortura y el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias.
Por eso guardan otra bala en la recámara: una denuncia contra Maduro ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) presentada el 6 de septiembre de 2016 para que la corte de La Haya procese al líder 'chavista' por crímenes de lesa humanidad.
"Esta denuncia va más allá de Leopoldo López, trasciende a toda Venezuela", explica Gutiérrez. "Él es una víctima más", recuerda y sostiene que en el país hay miles de personas detenidas por motivos políticos, que han sufrido torturas e incluso ejecuciones extrajudiciales.
Para Gutiérrez, estos delitos "revisten el carácter sistematizado y generalizado" que justifica la intervención del TPI, por lo que ha pedido a la fiscal jefe, Fatou Bensouda, que abra un examen preliminar sobre el caso venezolano.

"QUIEN SE CANSA PIERDE"
López observa todos estos movimientos desde su pequeña celda en Ramo Verde. Aislado físicamente pero no del torrente de información sobre la situación en Venezuela que le hacen llegar su abogado, su familia y sus "compañeros de lucha".
Antonieta Mendoza, su madre, asegura a Europa Press que "estos tres años de prisión injusta le han fortalecido espiritual e intelectualmente de una manera asombrosa". Físicamente "está bien", aunque sus médicos no han podido comprobarlo porque no les han dejado examinarle tras la huelga de hambre del pasado junio.
Su vida se reduce a los dos por tres metros que forman su particular prisión y que llena leyendo y escribiendo porque, según dice su madre, no le permiten salir al patio con los demás presos ni asistir al servicio religioso.
"Está castigado", lamenta Mendoza. Gutiérrez detalla que, además del aislamiento, le someten a requisas frecuentes, en las que incluso le obligan a desnudarle, para apoderarse de sus libros y escritos. La poca correspondencia que le llega, es también revisada, añade.
El único contacto con el exterior son las visitas que recibe de Gutiérrez, su madre, su mujer, Lilian Tintori, y sus hijos, Manuela y Leopoldo, que "ha aprendido a andar en la cárcel". Ellos le cuentan lo que quiere saber de fuera y luego tratan de sacar clandestinamente sus notas o de memorizar lo que les dice para transmitirlo.
A pesar de sus condiciones de cautiverio y del último revés judicial, "no se ha rendido". "Yo no tengo apuro, saldré cuando tenga que salir", dice, citado por su madre. Confía en que la presión internacional deje a Maduro sin alternativas y, entretanto, aguarda paciente. "Quien se cansa pierde".