MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Uzbekistán han puesto en libertad este jueves a un exparlamentario y activista opositor encarcelado hace 21 años, lo que le convertía en uno de los activistas políticos que más años ha pasado en prisión.
Murod Juraev, de 63 años, fue encarcelado en septiembre de 1994 tras ser condenado a nueve años de cárcel, si bien su sentencia fue extendida doce años más por presuntas "violaciones de las normas de encarcelamiento".
Juraev fue miembro del Parlamento entre 1991 y 1992 y un alto cargo del partido opositor Erk, así como alcalde de la localidad de Mubarak, ubicada en la provincia de Kashkadarya, ubicada en el sureste del país.
Juraev provocó el enfado del presidente, Islam Karimov, tras convertirse en el primer funcionario en disolver un comité local del Partido Comunista tras la caída de la Unión Soviética.
En septiembre de 1994, fue detenido en Kazajistán y deportado a Uzbekistán, donde fue condenado un año después junto a varios miembros del Erk tras ser acusados de planificar el derrocamiento del Gobierno.
Tras ser condenado a doce años de cárcel --que fueron rebajados a nueve tras su apelación--, las autoridades extendieron su sentencia en 2004, 2006, 2009 y 2012, siempre días antes del fin de su condena.
Un total de nueve organizaciones no gubernamentales han reclamado este mismo jueves a las autoridades uzbekas que investiguen las denuncias de torturas, extensión arbitraria de la condena y negación de la atención médica adecuada a Juraev durante su encarcelamiento.
"Los últimos 21 años han sido un infierno que Juraev y su familia nunca debieron haber experimentado", ha dicho Steve Swerodlow, investigador de Human Rights Watch (HRW) para Asia Central.
Por su parte, la directora de la Alianza Internacional para los Derechos Humanos (IPHR), Brigitte Dufour, ha apuntado que las autoridades del país "han castigado repetidamente a un amplio abanico de presos que ven como potenciales críticos extendiendo arbitrariamente sus condenas, frecuentemente con argumentos absurdos".
En esta línea se ha expresado Maisy Weicherding, investigadora de Amnistía Internacional para Asia Central, quien ha dicho que "el tratamiento recibido por Juraev viola los Derechos Humanos", recalcando que el activista "merece justicia".
A las críticas se ha sumado la presidenta de la Asociación por los Derechos Humanos en Asia Central, Nadedja Atayeva, quien ha recordado que "la familia de Juraev y los activistas locales tuvieron el valor de hacer campaña por su libertad, corriendo un gran riesgo personal".
"Es de la máxima importancia que los socios internacionales de Uzbekistán hagan lo mismo para poner fin a la detención arbitraria de mucha gente que ha sido castigada simplemente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión", ha agregado.
Por último, Jeremie Beja, director para Asia Central de Cristianos en Acción para la Abolición de la Tortura (ACAT-France), ha reclamado que Uzbekistán "libere de forma inmediata e incondicional y garantice la rehabilitación total de todos los detenidos por hacer uso de su libertad de expresión".