LONDRES, 28 May. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades británicas han presentado ya a Moscú la petición de extradición del ex agente de la KGB Andrei Lugovoi, al que acusan de la muerte del también ex espía Alexander Litvinenko, según informó el Ministerio británico de Asuntos Exteriores.
La petición oficial llega después de que el director de procesamientos de la Fiscalía británica, Sir Ken Macdonald, recomendara que Lugovoi fuera llevado ante un tribunal por el "grave delito" que cometió.
El ex agente niega todos los cargos que se le imputan y asegura que las acusaciones tienen una "motivación política". Litvinenko, de 43 años, falleció en noviembre de 2006, después de ser envenenado con Polonio 210.
"Confirmo que nuestro embajador ha entregado formalmente la documentación que pide la extradición de Andrei Lugovoi", confirmó una portavoz del Foreign Office, citado por la BBC.
La pasada semana, Macdonald anunció que las pruebas remitidas por la Policía eran "suficientes para acusar a Andrei Lugovoi por la muerte del señor Litvinenko mediante un envenenamiento deliberado". Macdonald prometió entonces "tomar medidas inmediatas para buscar la rápida extradición de Andrei Lugovoi desde Rusia a Reino Unido, de manera que pueda ser acusado por asesinato, y llevado rápidamente ante un tribunal en Londres para ser juzgado por este delito extraordinariamente grave".
Sin embargo, un portavoz del Kremlin aseguró la pasada semana a la BBC que la Constitución rusa no permite que sus nacionales sean extraditados a terceros países. El portavoz dijo que Moscú está esperando que "los británicos hagan algo más que hacer comunicados".
La negativa fue también confirmada por la oficina del fiscal general ruso, que aseguró que "no hay manera" de que Lugovoi sea extraditado. "Un ciudadano que comete un delito en el territorio de un Estado extranjero, en base a información entregada por este Estado puede ser llevado ante un tribunal, pero sólo en territorio ruso, si las leyes rusas estipulan responsabilidad para un delito similar", explicó entonces una portavoz de la oficina, Marina Gridneva, insistiendo en que Rusia no puede entregar a un ciudadano suyo a otro Estado, ya que violaría la Constitución.
