MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El defensor del Pueblo de Malta, Joseph Said Pullicino, ha contestado a la carta que le remitió el miércoles su homólogo español, Enrique Múgica, pidiéndole medidas para solucionar la atención a los 51 inmigrantes rescatados el pasado viernes por el pesquero 'Francisco y Catalina', señalando que Malta y España comparten el problema de la inmigración y que las autoridades de ese país han hecho todo lo posible por solucionar la crisis.
En la misiva, con fecha de ayer, el Defensor del Pueblo maltés indica que tras recibir la carta de su homólogo español se puso en contacto con la Oficina de Asuntos Exteriores y constató que las autoridades estaban haciendo todo lo posible para ayudar a los inmigrantes, según informaron hoy a Europa Press fuentes del organismo que dirige Múgica.
De esta forma, Joseph Said Pullicino explica a Múgica que a los inmigrantes se les dio agua, comida y medicamentos, y que incluso se trasladó a una mujer embarazada a un centro hospitalario. Por último, recuerda que Malta es un país pequeño y le expresa su voluntad de mantener el contacto.
Por su parte, en la carta que remitió el miércoles a Joseph Said Pullicino, Múgica le informaba de su preocupación por que el pesquero continuara entonces inmovilizado por orden de las autoridades maltesas a 16 millas de su territorio. "Nuestra preocupación se dirige por tanto, además de a la suerte de las 51 personas rescatadas ( que según los primeros indicios se encontraban en situación extrema y podrían provenir de zonas en conflicto), a los efectos que tendría una eventual medida de rechazo a asumir la responsabilidad sobre estas personas", explicaba.
Además, señalaba que tal respuesta "lógicamente" minaría la confianza de las gentes del mar en la fiabilidad de los mecanismos de entrega a las autoridades tras el salvamento y dificultarían su efectividad humanitaria. Por ello, recordaba que los mecanismos previstos en los convenios internacionales buscan que el acto de salvamento no constituya para quienes lo llevan a cabo un esfuerzo desproporcionado o de consecuencias extremadamente gravosas.
Por último, el Defensor del Pueblo español solicitaba que "en atención al compromiso, común a nuestras Instituciones y nuestros países, de garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas... adopte las medidas que considere oportunas a fin de favorecer una solución rápida y justa al problema al que vengo refiriéndome".