MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
Managua ha amanecido con comercios cerrados y calles vacías en respuesta a la huelga general de 24 horas convocada para este jueves por la Alianza Cívica para aumentar la presión sobre el Gobierno de Daniel Ortega y zanjar la crisis política que sufre Nicaragua desde hace un año.
Según el diario local 'La Prensa', en la capital nicaragüense la mayoría de los comercios y otros centros de trabajo, así como los colegios, permanecen cerrados, mientras que las paradas de autobús lucen vacías, aunque el transporte público sigue funcionando.
Los bancos, en cambio, han tenido que abrir por orden del Ejecutivo. "Instamos al Gobierno A que sea facilitador de las condiciones necesarias para (...) poder restablecer la vida democrática de Nicaragua", ha contestado la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) en un comunicado.
La Alianza Cívica, que aglutina a los sectores de oposición, anunció una huelga general de 24 horas después de romper el diálogo con el Gobierno por su reticencia a liberar a todas las personas detenidas en el marco de las protestas que comenzaron hace un año.
"La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retira de la mesa de negociación hasta que el Gobierno excarcele, previo a su liberación definitiva, a los presos políticos de la lista conciliada (por ambos que obra) en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja", anunció el lunes en un comunicado.
De acuerdo con el Gobierno, desde el pasado mes de febrero, cuando se reactivó el diálogo, ha liberado a 336 presos políticos y, conforme a sus cálculos, solo quedan 132 que serían excarcelados antes del 18 de junio, fecha pactada por las partes.
Sin embargo, la Alianza Cívica desconfía de que el Gobierno vaya a cumplir lo pactado y denuncia, además, que la lista pactada no recoge todos los presos políticos. Según las estimaciones opositoras, habría más de 500.
CRISIS POLÍTICA
La crisis estalló en abril de 2018. Comenzó con protestas por una polémica reforma de la seguridad social que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar a Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.
El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. El pasado mes de febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Desde entonces la Alianza Cívica ha denunciado en numerosas ocasiones incumplimientos del Gobierno.
