Más de mil surcoreanos demandan al Gobierno por los trabajos forzados durante la ocupación japonesa

SEÚL, 20 Dic. (Reuters/EP) -

Más de mil surcoreanos han demandado este jueves al Gobierno para exigir indemnizaciones por los trabajos forzados a los que ellos o sus familiares fueron sometidos por la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, un caso que podría reavivar las tensiones entre ambos países a cuenta de la Historia.

Seúl y Tokio pugnan por contener los efectos colaterales de un fallo emitido el pasado mes de octubre por el Tribunal Supremo de Corea del Sur que ordena a las empresa japonesa Nippon Steel & Sumitomo Metal compensar a cuatro surcoreanos que fueron víctimas de trabajos forzados por considerar que su derecho a la compensación no se extinguió con un tratado bilateral de 1965 que normalizó las relaciones diplomáticas.

Conforme a este tratado, Corea del Sur recibió un paquete de 300 millones de dólares en ayuda económica y de 500 millones de dólares en créditos de Japón a cambio de dar por zanjadas todas las indemnizaciones pendientes por la era colonial. El dinero fue utilizado para reparar los estragos causados por la Guerra de Corea (1950-1953).

A este fallo han seguido veredictos similares a favor de que las demandas por trabajos forzados, lo que amenaza con dejar en papel mojado dicho tratado. El presidente surcoreano, Moon Jae In, declaró la semana pasada que respeta la decisión de los tribunales de reconocer derechos individuales a la reparación.

Un grupo de 1.103 surcoreanos que sufrieron trabajos forzados y sus familias han informado este jueves de que han presentado una demanda contra el Gobierno de Corea del Sur para que compense a cada víctima con 100 millones de won (unos 77.000 euros), argumentando que para eso recibió fondos del Estado japonés. Esta demanda colectiva se suma a otras tres anteriores que afectan a 283 víctimas y sus familias.

"Los dos gobiernos firmaron el tratado de 1965 sin preguntar a un solo trabajador forzado", ha dicho Choi Yong Sang, que lidera una organización de víctimas y la última demanda, en declaraciones a los medios de comunicación.

El Gobierno ha ofrecido "fondos de condolencia" por hasta 20 millones de won (unos 15.500 euros) a las familias de 80.000 trabajadores forzados que murieron fuera de territorio surcoreano, desaparecieron o resultaron heridos, pero los restantes, incluidos estos 1.103, no recibieron ningún dinero.

"No estamos diciendo que los 300 millones de dólares de ayuda sean nuestros, pero creemos que tenían la naturaliza de compensar por los trabajos forzados y el Gobierno los usó" para otros fines, ha indicado Park Jong Gang, abogado de uno de los demandantes.

Más de 220.000 surcoreanos se han registrado como antiguos trabajadores forzados desde 2005, cuando se reactivó el asunto. Actualmente solo quedan unos siete u ocho supervivientes en Corea del Sur, de acuerdo con las asociaciones de víctimas.

Lee Won Soo, de 89 años, es uno de ellos. Trabajó para Mitsubishi con 16 años. "Creo que voy a morir, destrozado y solo, y nadie se ha dignado siquiera a consolarme por el sufrimiento durante el mandato japonés. Creo que ahora el mundo no lo permitiría", ha dicho.

Esta batalla judicial podría afectar a las frágiles relaciones entre Corea de Sur y Japón, que aún se enfrentan en el ámbito diplomático, por el relato histórico de aquellos años (1910-1945).