BOGOTÁ, 27 Jul. (Reuters/EP) -
Miles de personas han salido a la calle este viernes en varias ciudades de Colombia para protestar contra los asesinatos de líderes sociales y de defensores de los Derechos Humanos, en un país que aún no consigue acabar con la violencia pese a la firma del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las amenazas y asesinatos de líderes sociales y de defensores de los Derechos Humanos se han convertido en un estigma ante la comunidad internacional para el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, pese a que el mandatario asegura que se han reducido desde que asumió el poder hace casi un año.
La "Marcha por la vida y la defensa de los líderes sociales" comenzó a organizarse hace más de un mes, después de que la dirigente María del Pilar Hurtado fuese asesinada a tiros frente a su hijo en un pueblo del departamento de Córdoba, en el norte del país.
La imagen del niño llorando por el asesinato de su madre, grabada con un teléfono móvil, se hizo viral y puso de manifiesto las condiciones de inseguridad de los defensores de Derechos Humanos en el país sudamericano.
Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y junio de 2019, al menos 486 líderes sociales y defensores han sido asesinados en Colombia, aunque es cierto que existe un gran desacuerdo sobre las cifras de estos asesinatos.
En este sentido, la Fiscalía General sostiene que las muertes solo suman 292, mientras que organizaciones como el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (INDEPAZ) documentan 734 homicidios en el mismo periodo.
"Que pare el asesinato selectivo y sistemático a líderes sociales, hombres, mujeres, indígenas, afros, campesinos y estudiantes que están defendiendo el derecho a vivir en sus territorios, el derecho a que se respete la biodiversidad, el respeto al acuerdo de paz", ha dicho Gloria Cuartas, integrante del movimiento Defendamos la Paz.
RESPONSABLES DE LOS ATAQUES
El mandatario colombiano y las Fuerzas Armadas sostienen que los defensores de Derechos Humanos y los líderes sociales son amenazados y asesinados por grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado a finales de 2016 y bandas criminales como el Clan del Golfo.
Duque --quien ha participado en una marcha en la caribeña ciudad de Cartagena-- ha prometido continuar trabajando para reducir a cero los ataques contra los activistas.
La mayoría de los líderes y defensores asesinados estaban en contra del narcotráfico, de la minería ilegal y apoyaban programas de sustitución de cultivos de hoja de coca, de defensa del medio ambiente y de reclamación de tierras de campesinos que fueron desalojados por grupos armados o narcotraficantes.
El acuerdo de paz para acabar un conflicto que ha dejado 260.000 muertos permitió la desmovilización de unos 13.000 integrantes de las FARC, incluidos más de 6.000 combatientes que conformaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el mismo acrónimo del grupo rebelde, y que tiene actualmente 10 escaños en el Congreso.
Pese a que al acuerdo de paz permitió reducir los combates, secuestros, asesinatos, masacres y ataques contra la infraestructura económica del país, la conservadora sociedad colombiana sigue dividida entre quienes apoyan la reincorporación de los exguerrilleros y quienes quieres verlos encarcelados por sus crímenes.
