LONDRES, 16 Abr. (Reuters/EP) -
Más de tres millones de las personas más pobres del mundo se han visto obligadas a dejar sus hogares, tierra y trabajo en la última década debido a proyectos financiados por el Banco Mundial (BM), según ha revelado una investigación este jueves.
La institución, que pretende eliminar la pobreza extrema, ha violado reiteradamente sus propias políticas de proteger a pueblos indígenas, con consecuencias devastadoras para algunas de "las personas más vulnerables" del mundo, de acuerdo con la investigación que ha sido encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI).
"Estamos ahora revisando nuestras políticas de salvaguardas y estoy determinado a que aprendamos del pasado y a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a las personas y al medio ambiente", ha declarado este jueves el presidente del BM, Jim Yong Kim, en una rueda de prensa.
La institución y su filial de préstamos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), se comprometieron a prestar 455.000 millones de dólares para casi 7.200 proyectos en países en desarrollo entre 2004 y 2013, de acuerdo con la investigación. De acuerdo con los datos del informe, más de 400 de esos proyectos desplazaron a personas y otros 550 también habrían causado desplazamientos.
"Me entristece ver que logros pioneros de política del banco son desmantelados y reducidos", ha lamentado el ex funcionario del BM Michael Cernea, según el CIPI. "Los más pobres y los más indefensos pagarán el precio", ha manifestado.
PLAN DE ACCIÓN CONTRA LAS DEFICIENCIAS
La entidad admitió el mes pasado que no tenía idea de cuántas personas podrían haber sido obligadas a abandonar sus tierras y dejar sus trabajos por los proyectos del organismo en países en desarrollo, ni de si esas personas recibieron una compensación justa y a tiempo.
Kim declaró en ese momento que existen grandes problemas con las políticas de reubicación del organismo, y lanzó un plan de acción para abordar las deficiencias que incluía mejorar la evaluación de riesgo, la capacitación de personal y la responsabilidad. El informe del CIPI llega en un momento en el que el BM, con sede en Washington, intenta aumentar las inversiones en proyectos de infraestructura que con frecuencia obligan a la reubicación de personas, como represas y autopistas.
La proporción de proyectos del BM vinculados a reubicaciones aumentó hasta un 29 por ciento del total en 2009, desde el 8 por ciento que representaba en 1993, según datos publicados por el propio banco el mes pasado.
La investigación también revela que el BM y la CFI también han financiado a gobiernos y compañías acusadas de violaciones de los Derechos Humanos, incluyendo abusos sexuales, asesinato y tortura. En algunos casos, los prestamistas han continuado financiando a estos prestatarios después de que hubiera pruebas de abusos.
En Etiopía, el Gobierno desvió millones de dólares de un proyecto de educación y salud respaldado por el BM para financiar una violenta campaña de desalojos masivos, según aseguraron al CIPI ex funcionarios que gestionaron el programa de reasentamiento forzado. La institución niega que su dinero haya ayudado a los desalojos y ha continuado enviando cientos de millones de dólares al programa, pese a las protestas de refugiados indígenas Anuak y grupos de Derechos Humanos.
El BM celebrará su reunión anual de primavera este viernes junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ella se debatirán nuevas políticas de reasentamiento y salvaguardas. Sin embargo, actuales y antiguos funcionarios de la institución advirtieron que las revisiones propuestas socavarán aún más los compromisos del banco de proteger a pueblos indígenas, de acuerdo con el CIPI.
