Pide una investigación "inmediata" y lamenta que, dos semanas después, las circunstancias de sus muertes "no están claras"
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado este miércoles la suspensión de sus actividades en las áreas de Abiy Adi, Adigrat y Axum, ubicadas en el centro y el este de la región etíope de Tigray, después del asesinato de tres de sus trabajadores, entre ellos una española.
La suspensión de las actividades de MSF en estas zonas tendrá "importantes repercusiones médicas y humanitarias" para la población del centro de Tigray, ha avisado la organización, que ha detallado que, no obstante, continuarán proporcionando asistencia a personas que requieren de ayuda de emergencia en otras áreas de Tigray con "todas las precauciones necesarias".
"La decisión de suspender nuestras actividades creará un vacío a la hora de prestar una ayuda que resulta completamente necesaria para salvar vidas", ha reconocido la directora de operaciones de MSF, Teresa Sancristoval, que ha agregado que MSF sabe que "un alto número de pacientes se quedará sin recibir atención médica y que algunas personas no sobrevivirán".
Así, ha lamentado que la suspensión llega en un "momento terrible" y, según ha aseverado, tomar la decisión ha sido "extremadamente doloroso", pero "necesario".
"Somos conscientes del inasumible peso que tendrá que soportar lo poco que queda del sistema de salud en Tigray", ha deplorado, antes de incidir en que, sin embargo, los equipos de MSF "tienen que poder prestar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por el conflicto en condiciones de seguridad".
Durante los últimos seis meses, MSF ha proporcionado atención médica de urgencia a 9.440 personas; ha practicado 763 cirugías que han salvado vidas y han asistido a más de 3.300 mujeres en el parto, entre otras acciones.
De forma paralela, MSF ha pedido en un comunicado una investigación "inmediata" sobre los asesinatos de sus trabajadores, ocurridos a últimos de junio, y ha reiterado que los trabajadores humanitarios deben poder llevar a cabo sus labores "con seguridad".
"Casi dos semanas después de la muerte de nuestros colegas, nadie se ha responsabilizado y las circunstancias de sus muertes no están claras", ha indicado Sancristoval, antes de destacar que esta es la razón por la que la ONG pide a las autoridades competentes una investigación "inmediata", con el objetivo de conocer los "hechos" del incidente que derivó en la muerte de sus trabajadores y quiénes son sus "responsables directos".
Junto a M.H., de 35 años y una de las coordinadoras de emergencia de MSF en Tigray, fallecieron los etíopes Yohannes Halefom Reda, de 31 años y asistente de coordinación, y Tedros Gebremariam, conductor de 31 años.
MSF ha recalcado que los tres integrantes del equipo que fueron asesinados vestían ropa que los identificaba como trabajadores de MSF y viajaban en un vehículo de la organización "claramente identificado". Habían estado trabajando en la zona desde febrero, donde se dedicaban "exclusivamente" a actividades médicas y humanitarias, conforme al Derecho Internacional humanitario, y en diálogo y bajo la aceptación de todas las partes del conflicto.
Sancristoval ha subrayado que el asesinato de sus compañeros es un "trágico ejemplo del más absoluto desprecio por la vida humana" que los equipos de MSF "han observado en este conflicto". "El nivel de violencia ejercida contra la población civil y las atrocidades cometidas en Tigray son absolutamente estremecedores", ha apostillado.
MSF ha destacado que, desde que comenzó el conflicto en Tigray, el personal médico y humanitario ha sido objetivo "directo" de ataques y las instalaciones sanitarias y ambulancias han sido "saqueadas, destruidas o instrumentalizadas con fines militares". "El personal de MSF ha sido amenazado y agredido y ha presenciado incursiones armadas en instalaciones sanitarias apoyadas por MSF", ha lamentado.
En este sentido, ha censurado que las organizaciones de ayuda humanitaria, incluida la propia MSF, se han visto "perjudicadas" en repetidas ocasiones por declaraciones públicas que arrojan "sospechas injustificadas sobre sus actividades, con lo que se ha puesto "en peligro" la seguridad de sus equipos en el terreno.
"Para que MSF y otras organizaciones humanitarias puedan seguir trabajando en Tigray y en el resto de Etiopía, todas las partes del conflicto deben dar garantías de que su labor puede llevarse a cabo en condiciones de seguridad", ha manifestado Sancristoval, que ha reiterado que las partes deben "asumir sus responsabilidades" y "garantizar que no vuelve a ocurrir" un suceso como el asesinato de sus compañeros.
EL CONFLICTO EN TIGRAY
El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, anunció en noviembre de 2020 el inicio de una ofensiva militar contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), en respuesta a un ataque del grupo contra la principal base del Ejército en Mekelle tras un drástico repunte de las tensiones entre la formación y el Gobierno central.
Las agencias de la ONU y las ONG han visto limitado su margen de maniobra, en un contexto marcado por una grave crisis humanitaria. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha denunciado en su último informe sobre la situación, publicado este viernes, de casos de "acoso, intimidación y detención" de cooperantes, así como de la confiscación de ayuda.
La ONU estima que más de 5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y calcula que hay más de 1,8 millones de personas en niveles alimentarios de emergencia, mientras que más de 350.000 estarían en el peor umbral del hambre en Tigray y zonas aledañas, al borde ya de la inanición. La organización teme que, si no llega ayuda a tiempo, esta última cifra supere los 400.000 en septiembre.
Las partes implicadas en el conflicto se han responsabilizado mutuamente de haber cometido todo tipo de abusos en estos últimos meses y esta misma semana el Gobierno de Etiopía ha salido al paso de informaciones que le atribuían un ataque aéreo sobre un mercado que habría dejado decenas de víctimas mortales.
