Actualizado 09/06/2007 20:55 CET

Musharraf tiene en la crisis judicial su mayor desafío desde su llegada al poder

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS)

El presidente paquistaní, general Pervez Musharraf, se enfrenta a su mayor desafío desde que llegó al poder hace ya casi ocho años. Tres meses después de suspender al presidente del Tribunal Supremo, organismo con el que siempre ha mantenido tensas relaciones, y a poco más de cuatro meses de nuevas elecciones generales, Musharraf tiene en su mano prolongar cinco años el poder absoluto del que ahora goza, o concluir una transición democrática donde tengan cabida en el poder los partidos de la oposición, liderados por la ex primera ministra Benazir Bhutto.

Musharraf destituyó a Mohamed Iftijar Chaudhry el pasado 9 de marzo, despertando una tormenta política en el país. El juez Chaudhry estaba al frente del Tribunal Supremo desde 2005. Según la agencia de noticias Associated Press of Pakistan, Musharraf había recibido "numerosas quejas y serias acusaciones por mala conducta, abuso de autoridad y acciones que perjudican a la dignidad de la oficina del juez presidente de Pakistán", a las que Chaudhry no supo responder.

Desde ese momento, miles de personas, entre las que se incluyen la práctica totalidad del colegio de abogados paquistaníes, así como prominentes miembros del poder judicial han protestado contra la línea de actuación del Gobierno, del que Chaudhry era uno de sus mayores críticos, al denunciar en repetidas ocasiones los abusos de poder cometidos por el régimen.

Las consecuencias no esperaron. A principios del pasado mes de mayo, las fuerzas de la oposición concentraron hasta a 10.000 personas el pasado mes de mayo en la ciudad de Lahore para escuchar un encendido discurso de Chaudhry, que proclamó ante miles de seguidores el fin de la "dictadura" y del "sistema de concentración de poder" al tiempo que lanzó un duro ataque contra el régimen presidido por Musharraf.

"El sistema dictatorial de Gobierno y el concepto de concentración de poder se ha terminado", declaró Chaudhry. "Estas son las lecciones que nos da la Historia".

Una semana después, simpatizantes y opositores del Gobierno certificaron la peor crisis política observada en años en Pakistán, con enfrentamientos que dejaron 39 muertos y cerca de 150 heridos. Algunos de los fallecidos también formaban parte del partido de la oposición del primer ministro exiliado, Nawaz Sharif.

TENSA RELACIÓN

Hasta la destitución de Chaudhry, Musharraf había estado dispuesto a aceptar una supervisión del poder judicial a cambio de ostentar su mandato. Cuando en 1999 fue cesado de su cargo por Sharif, el Tribunal Constitucional invalidó la decisión del entonces primer ministro, y permitió a Musharraf aterrizar en Karachi, el 12 de octubre de ese mismo año, para convertirse en jefe de facto del país tras un golpe de estado incruento.

Sin embargo, y ante las masivas denuncias recibidas en los tribunales, la corte suprema paquistaní decidió ordenar a Musharraf convocar elecciones en octubre de 2002, en las que uno de los partidos afines a su mandato, el PML-Q, obtuvo la victoria. En 2003, un acuerdo con la coalición islámica del MMA le permitió obtener la mayoría absoluta en el Parlamento, momento que aprovechó para legalizar con carácter retroactivo su llegada al poder cuatro años antes.

Para muchos expertos, fue la mejor decisión: negarse a conceder la victoria a Musharraf posiblemente hubiera desencadenado un conflicto abierto. Basándose en circunstancias "extraconstitucionales", la Corte aceptó el golpe, aunque desde ese momento, siempre ha vigilado de cerca la actuación de Musharraf en el poder, hasta el punto de que el presidente necesita del consentimiento de la máxima autoridad paquistaní para disolver el Parlamento.

LLAMADA A LA CALMA

El primer ministro del país, Shaukat Aziz, advirtió el pasado jueves de los peligros a los que se enfrenta el "interés nacional", por encima de "consideraciones personales", al tiempo que reconocía que "el debate político y la divergencia de opiniones" formaban "elementos esenciales de una democracia".

"Las disensiones internas, sin embargo, son una amenaza a la seguridad nacional, que minan la base misma de la sociedad", advirtió. Es por ello por lo que recomendó a los principales "líderes mediáticos" que eliminaran "cualquier tipo de aprensión" que pudieran tener respecto a las nuevas ordenanzas.

Por su parte, el propio Musharraf ha confirmado que, a pesar de la presión creciente, las elecciones generales del próximo mes de octubre no solo se llevarán a cabo en la fecha prevista, sino que tendrán lugar de forma "justa y transparente". Defendió además el crecimiento económico obtenido por el país desde su llegada al poder y su disposición a compartir "la riqueza" con los "estratos más bajos" de la sociedad, en declaraciones recogidas por la APP. En ningún momento hizo mención a sus intenciones sobre la posibilidad de ordenar el Estado de Emergencia.

IMPACTO INTERNACIONAL

Si finalmente Musharraf cede a la presión, el grupo de expertos en política internacional, International Crisis Group, vaticina como consecuencia directa un ascenso fulgurante de los grupos islamistas, toda vez suprimida cualquier tipo de oposición y tras la represión efectuada en virtud de la ley marcial que acompañaría a la declaración del mencionado régimen de excepción.

Ante ello, ICG pide al Gobierno de Islamabad que considere una alternativa pacífica a través de la formación de una coalición en el poder, un Gobierno compartido similar al que ha tenido lugar en Irlanda del Norte, por poner un ejemplo, y que incluya a la ex primera ministra del Partido Popular de Pakistán, Benazir Bhutto, siempre y cuando el presidente general acepte la condición impuesta por la líder opositora: su dimisión como líder de las Fuerzas Armadas, lo que le obligaría a presentarse como candidato civil a las elecciones. No parece muy probable.

Otra opción planteada por ICG reside en la posibilidad de que Musharraf opte por dimitir voluntariamente de su cargo como cabeza del Ejército, con o sin petición del PPP, lo que desembocaría en una mejora del clima político en el país aún más rápida, en la que "se daría el poder a las fuerzas democráticas y se marginalizaría a los grupos islamistas", según el grupo de expertos.

Finalmente, ICG entiende que Washington jugaría un papel fundamental como aliado de Pakistán e "importante actor externo". Sería recomendable que Estados Unidos enviara un "mensaje claro", pidiendo totales garantías para un proceso electoral "justo y democrático". Si el Gobierno estadounidense concediera su total apoyo a Musharraf, el descenso a la dictadura militar en Pakistán sería inevitable, al contar con el respaldo de la principal potencia militar del mundo.