BEIRUT, 17 Ago. (Reuters/EP) -
El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Hassan Nasralá, ha denunciado este miércoles que el pliego de acusaciones redactadas por el Tribunal Especial para Líbano, que investiga el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, no contiene "pruebas directas" contra ningún miembro del partido-milicia.
El documento hecho público por la corte de la ONU reitera sus sospechas sobre los miembros de Hezbolá Mustafa Amine Badreddine, Salim Jamil Ayyash, Husein Hasan Oneisi y Asad Hasan Sabra, a quienes vincula con la muerte, en febrero de 2005, de Hariri y otras 21 personas.
"El caso contra los acusados se sustenta en pruebas circunstanciales", explica el documento, pero señala que estas pruebas "son a veces más fiables que las pruebas directas, que pueden verse alteradas" por las contradicciones de los testigos o por un fallo en sus declaraciones. El informe se basa en gran medida en el análisis de grabaciones telefónicas conseguidas durante los seis años de investigación.
En concreto, el texto señala que Badreddine habría sido el director de la operación en su conjunto mientras que Ayash coordinaba al equipo encargado del asesinato. Oneisi y Sabra supuestamente prepararon una falsa reivindicación por la autoría del atentado.
El tribunal había ordenado la detención de esas cuatro personas en junio para que fueran juzgados, pero en su momento no explicó los detalles por los que estas personas estaban implicadas. Las autoridades libanesas no han efectuado los arrestos y Hezbolá siempre ha defendido que jamás serán detenidos.
Nasralá declaró el pasado año que este caso no se podría sustentar en las llamadas de teléfono, ya que Israel ya se había introducido en sus redes de telecomunicaciones y podría haber falsificado conversaciones para implicar al grupo.
El asesinato del ex primer ministro provocó una crisis política que llevó a una serie de enfrentamientos en mayo de 2008. En enero, Hezbolá provocó la caída de la coalición de Gobierno debido a que el hijo de Hariri, Saad Hariri, el entonces primer ministro, se resistió a criticar las decisiones del Tribunal Especial.
