Nigeria.- HRW denuncia los atentados y amenazas contra el mayor activista contra la corrupción en Nigeria

Actualizado: miércoles, 3 diciembre 2008 12:56

NUEVA YORK, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El más destacado activista contra la corrupción de Nigeria, Nuhu Ribadu, ha sido objeto en los últimos meses de una serie de atentados contra su vida, amenazas y acosos a causa de sus investigaciones sobre desvíos de fondos cometidos por altos cargos del Estado, según denunció hoy la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), que acusó al actual Gobierno nigeriano de estar "socavando" la lucha contra la corrupción.

En una entrevista concedida a la propia Human Rights Watch en Nigeria, Nuhu Ribadu admitió que temía por su vida y que las amenazas recibidas están relacionadas con sus actividades al frente de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC), cuya presidencia dejó en diciembre de 2007 después de que este organismo ordenara la detención por cargos de corrupción de un poderoso político próximo al presidente del país, Umaru Yar'Adua. "Me he hecho con muchos enemigos", explicó.

"La campaña de intimidaciones contra Ribadu pretende silenciar a una importante voz en la lucha contra la corrupción", declaró la directora para África de Human Rights Watch, Georgette Gagnon. "El Gobierno nigeriano y el presidente Yar'Adua deben proteger a Ribadu y a todo aquel que se atreva a pronunciarse contra la corrupción y el abuso de poder", añadió.

Durante el tiempo en que presidió la EFCC, entre 2003 y 2007, Ribadu llevó a cabo investigaciones políticamente delicadas contra cientos de personas supuestamente implicadas en el desvío de miles de millones de dólares. Entre ellas figuraban un antiguo inspector general de Policía, varios gobernadores de Estado y empresarios con influencia política. Asimismo, durante ese periodo la independencia de la institución fue puesta en duda por los que la acusaron de perseguir sobre todo a los opositores al entonces presidente Olusegun Obasanjo.

En diciembre, la EFCC ordenó la detención de un antiguo gobernador del Estado del Delta, James Ibori, a quien acusó de 103 cargos por corrupción, incluido un intento de sobornar al propio Ribadu para que retirase los cargos contra él. Este caso originó un gran revuelo porque Ibori parecía una persona políticamente intocable, tanto por su enorme riqueza personal como por sus estrechas relaciones con Yar'Adua. Dos semanas más tarde, el inspector general de Policía ordenó a Ribadu que dimitiera de la presidencia de la comisión.

El pasado mes de septiembre, según sus propios testimonios a Human Rights Watch, Ribadu sufrió aparentemente un atentado contra su vida mientras se trasladaba en automóvil entre Jos y Abuja, la capital. Más recientemente, Ribadu obtuvo "informaciones creíbles" sobre otro intento de asesinato y recibió amenazas por teléfono en las que alquien la aconsejaba que rezara sus "últimas oraciones". "Las amenazas y las intimidaciones pretenden darme miedo, romperme, pero yo sigo y seguiré firme", aseguró a Human Rights Watch.

"Pese a sus compromisos de ayudar a la EFCC a seguir con su política de 'tolerancia cero' contra los responsables corruptos, el Gobierno del presidente Umaru Yar'Adua, que actualmente se encuentra en su segundo año, ha socavado gravemente la lucha contra la corrupción que había iniciado su predecesor", denunció HRW.

PETRÓLEO Y CORRUPCIÓN

Nigeria, octavo exportador mundial de petróleo, adolece de una enorme corrupción gubernamental que ha derivado en "graves violaciones contra los derechos a la sanidad básica y la educación", según la organización. "Pese a la tremenda riqueza de Nigeria, sus índices de pobreza se encuentran entre los peores del mundo", prosiguió. "Los fondos públicos que podrían servir para mejorar las vidas de los ciudadanos normales son despilfarrados y robados por los miembros de la élite política de Nigeria", añadió.

La corrupción también afecta a los Derechos Humanos en el país, según HRW. "Muchos políticos han utilizado fondos robados del Gobierno para fomentar la violencia política con el objetivo de amañar elecciones marcadas por la violencia y el fraude", denunció la organización. La Policía, "comprometida políticamente, ha cerrado los ojos a estos abusos cometidos por políticos bien situados", añadió.