MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Red Siria por los Derechos Humanos (SNHR) ha asegurado este miércoles que las fuerzas gubernamentales han detenido a al menos 215.000 sirios desde el inicio del levantamiento popular contra Bashar al Assad en 2011.
La ONG ha sostenido que los detenidos son retenidos en un sistema de prisiones en el que la tortura y el hambre son sistémicos, al tiempo que ha alertado de que "las fuerzas gubernamentales han empezado a usar desde 2012 escuelas, estadios y residencias como centros de detención" debido a la gran cantidad de detenidos.
La SNHR ha asegurado haber documentado los detalles de 110.000 de los 21.5000 detenidos, apuntando que los peores abusos tienen lugar en los centros de detención supervisados por las milicias locales del llamado Ejército de Defensa Nacional y de los Comités Populares.
Varias ONG han denunciado a lo largo del año los abusos cometidos en las prisiones oficiales, así como la existencia de centros de detención secretos controlados por los 'shabiha' --paramilitares--, frecuentemente integrados por bandas criminales.
Gran parte del informe está centrado en un centro de detención secreto en Der Shmiel, en el que trabajarían alrededor de 1.500 'shabiha' y que sería utilizado como lugar de torturas y de intercambio de prisioneros a cambio de dinero en efectivo.
La SNHR ha subrayado que la los detenidos "no eran activos durante la revolución, pese a lo que no serán liberados a menos que sus familiares paguen grandes cantidades de dinero", que en algunos casos llegan a los 15.000 dólares (cerca de 12.150 euros).
Por otra parte, la ONG ha criticado a Naciones Unidas por no aplicar las resoluciones de condena de las detenciones arbitrarias y torturas a civiles por parte de las autoridades sirias, según ha recogido la emisora estadounidense Voice of America.
"El Consejo de Seguridad parece completamente incapaz de llevar a cabo acciones contra el régimen de Siria tras cuatro años de asesinatos incesantes", ha lamentado, antes de pedir a la ONU que ayude a las ONG para presentar una demanda ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para que investigue los abusos en el país.
