MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El representante de Naciones Unidas para Malí, El Ghassim Wane, ha reiterado este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el apoyo del organismo al proceso de transición en la nación africana, si bien ha advertido de que las sanciones impuestas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) puedan derivar en un "estancamiento".
"Un estancamiento prolongado hará mucho más difícil encontrar una salida consensuada, al tiempo que aumentará las dificultades para la población y debilitará aún más la capacidad del Estado", ha advertido Wane, quien ha avisado de que las consecuencias alcanzarían, no solo a Malí, sino también a sus países vecinos.
En este contexto, el representante ha remarcado que uno de los aspectos claves del mandato de Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) es, efectivamente, encontrar una salida consensuada por las partes para superar la situación política en el país.
Más allá del aspecto político y de la transición, Wane ha hecho hincapié en la importancia de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas preste atención a la implementación del acuerdo de paz y a la estabilidad en el una nación que, considera, está dividida por "dos bloques".
RESPUESTA DE MALÍ EN EL CONSEJO
Por su parte, el representante de Malí en el Consejo de Seguridad ha tomado la palabra para defender que las autoridades del país habían puesto en marcha consultas con la CEDEAO sobre un calendario de cara a completar el proceso de transición cuando se vieron sorprendidas por la imposición de sanciones.
"Nos sorprendió enterarnos de la imposición de sanciones económicas y financieras contra Malí", ha señalado el enviado maliense, quien también ha criticado que las medidas de la CEDEAO y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) violan los textos fundacionales de ambas organizaciones.
Por otro lado, ha exigido al representante francés ante el organismo de la ONU --quien previamente había criticado los vínculos del Gobierno de Malí con el grupo de mercenarios Wagner-- que ponga fin a una campaña de información falsa.
En este sentido, el maliense ha aseverado que no hay mercenarios sobre el territorio del país, si bien ha agradecido que efectivos del Ejército ruso estén en Malí para entrenar a los soldados nacionales en el uso de material de guerra.
LAS SANCIONES DE LA CEDEAO
Los líderes de la CEDEAO respaldaron el domingo las medidas aprobadas unas horas antes por la UEMOA por la que se congelan los activos malienses dentro del área del Banco Central de los Estados del África Occidental (BCEAO).
Asimismo, decretaron el cierre de las fronteras entre Malí y los estados miembro de la organización e imponer un embargo de mercancías que no afecta a suministros médicos y productos esenciales, al tiempo que acordó retirar a los embajadores en Malí de sus países miembro e impuso otras sanciones relacionadas con la ayuda financiera.
La decisión llegó después de que las autoridades propusieran extender la transición otros cinco años, si bien la CEDEAO --que ya anunció sanciones contra Malí en noviembre--, sospecha de los argumentos proporcionados por la junta. Los militares citan la persistente inseguridad en el país, plagado de violencia de todo tipo, y la necesidad de reformas constitucionales para garantizar la fiabilidad de los comicios.
El golpe de Estado de agosto de 2020 derrocó al entonces presidente, Ibrahim Boubacar Keita, tras semanas de manifestaciones por la crisis económica y el deterioro de la seguridad. La junta designó a un presidente y a un primer ministro de transición, si bien ambos fueron derribados en una segunda asonada en mayo de 2021 que elevó finalmente al líder de la misma, Assimi Goita, al cargo de presidente.
Si bien Goita prometió en un primer momento que mantendría los plazos, durante los últimos meses el nuevo primer ministro, Choguel Maiga, indicó en varias ocasiones que las elecciones podrían ser aplazadas, lo que provocó críticas de la CEDEAO y de diversos partidos políticos malienses.
En este sentido, una coalición de partidos políticos expresó el 2 de enero su rechazo al plan presentado por el Gobierno para extender el periodo de transición hasta los cinco años, que tildaron de "unilateral y poco razonable". Así, denunciaron que "prolonga la transición a un periodo acumulado de seis años y seis meses".
