Ortega pide a la oposición que condene las sanciones contra Nicaragua para favorecer las negociaciones

Daniel Ortega pide a la oposición que condene las sanciones de EEUU contra seis de sus funcionarios
REUTERS / JORGE CABRERA - Archivo
Publicado 03/05/2019 21:46:00CET

La oposición responde que la mejor forma de desactivar las sanciones es acceder a una transición democrática

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha pedido este viernes a la Alianza Cívica que condene las sanciones impuestas a la nación centroamericana para generar "un clima de confianza" que facilite el diálogo entre las partes y zanjar así la crisis política.

"Hemos reiterado infructuosamente a la contraparte, todos los días, la necesidad de asumir compromisos con la creación de un clima de confianza en la negociación, y en sus resultados, para asegurar a Nicaragua y los nicaragüenses el Derecho Humano a la tranquilidad", ha dicho el Ejecutivo en un comunicado.

En concreto, ha pedido a la coalición opositora que se sume al Gobierno en "un llamado conjunto al cese y la suspensión de las medidas unilaterales e ilegales, llamadas sanciones, que afectan a los Derechos Humanos, económicos y sociales de todos". "No hemos encontrado, hasta el momento, disposición de la contraparte", ha lamentado.

También ha reclamado un "compromiso sincero de evitar provocaciones y confrontaciones innecesarias y burdas", recordando que "ciertos personajes y siglas vacías (...) se implicaron directamente en dirigir, financiar y respaldar los tranques que nuestro pueblo denominó 'tranques de la muerte'".

"Nunca accedieron a levantarlos, patrocinando con ello semanas de violencia, abusos, terrorismo, prácticas humillantes, crueles y degradantes, que representaron terribles crímenes de odio, entre torturas, asaltos, secuestros, muertes, destrucción de bienes públicos y privados, y destrucción de la economía nacional", ha relatado.

El Gobierno ha advertido de que, si bien "el pueblo y las familias nicaragüenses pueden perdonar, como cristianos, jamás olvidarán el asalto al bienestar solidario y al desarrollo humano (...) que Nicaragua traía hasta que llegaron los tenebrosos ataques a la paz y a la vida desatados con furia infernal" desde el 18 de abril de 2018.

Por otro lado, ha expresado su "inalterable disposición" a cumplir con los acuerdos alcanzados, uno de los cuales implica liberar a todos los presos políticos, y a "avanzar hacia nuevos acuerdos". "Nicaragua quiere y merece estabilidad", ha afirmado. "Todos somos nicaragüenses, y debemos pensar y actuar como nicaragüenses", ha subrayado.

CULPA EXCLUSIVA

La Alianza Cívica ha respondido en otro comunicado que "el Gobierno, con sus acciones de abuso sistemático a los Derechos Humanos y su corrupción, es el verdadero responsable de dichas sanciones". "Son ellos, las personas sancionadas, los afectados", ha contestado.

La oposición ha defendido que "será única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno" las nuevas sanciones que la comunidad internacional pueda dictar contra Nicaragua, si sigue incumpliendo los acuerdos alcanzados, así como sus "efectos no deseados en la población".

"Rechazamos la campaña engañosa, mediante comunicados falsos a la verdad, que pretende hacer ver estas sanciones como perjudiciales a los más pobres y humildes, cuando en realidad afecta a los funcionarios señalados por sus actos de corrupción y violación a los Derechos Humanos", ha dicho, según informa el diario local 'La Prensa'.

La "efectiva suspensión de sanciones" pasa por la liberación de todos los presos políticos y una transición pacífica hacia la democracia, ha sostenido. "Son estas acciones, y no un llamado vacío e insustancial a suspenderlas, lo que efectivamente traerá el ambiente de confianza que tanto anhela el Gobierno", ha zanjado.

Estados Unidos ha sancionado a seis miembros de la Administración de Daniel Ortega, entre ellos a su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, y al hijo de ambos, Laureano, por de violar los Derechos Humanos, blanqueo de capitales y corrupción. También ha sancionado al Banco Corporativo por sus vínculos con la petrolera venezolana PDVSA.

CRISIS POLÍTICA

Las protestas contra el líder sanidinista comenzaron hace un año por una polémica reforma de la seguridad social pero rápidamente se extendieron hasta exigir la "democratización" de Nicaragua.

Más de 300 personas murieron por la represión de las manifestaciones antigubernamentales y miles fueron detenidas. Organizaciones de Derechos Humanos han acusado a la Policía y grupos paramilitares afines al Gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad.

Además, en estos doce meses, el Gobierno ha expulsado de Nicaragua a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y ha prohibido varias ONG locales.

Ortega ofreció un diálogo nacional a los manifestantes que quedó en suspendo por su negativa a anticipar las elecciones presidenciales. Las negociaciones se retomaron en febrero y permitieron liberar a 150 "presos políticos", con la promesa de excarcelar a todos, si bien han vuelto a llegar a un punto muerto.

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