CIUDAD DEL VATICANO, 1 Ene. (Reuters/EP) -
El Papa Francisco ha condenado este miércoles a los funcionarios y delincuentes de Roma que supuestamente se quedaron con fondos públicos destinados a ayudar a los inmigrantes pobres y ha asegurado que la ciudad necesita "una renovación moral y espiritual".
Francisco, que ha hecho de la defensa de los pobres una de las características de su pontificado, ha defendido sus derechos en la homilía de la víspera de Año Nuevo ante miles de personas congregadas en la Basílica de San Pedro.
El Papa ha denunciado las situaciones en las que se hizo sentir a los pobres como delincuentes y se les obligó "a comportarse como mafiosos" para defenderse. La Policía ha arrestado en diciembre de 2014 a 37 personas sospechosas de ser parte de una organización criminal que desvió contratos públicos a personas cercanas al supuesto jefe del grupo, un extremista de ultraderecha con conexiones con el submundo de Roma.
Algunos contratos involucraron centros de inmigrantes y campos en los barrios pobres de Roma. Los investigadores dijeron que los fondos quedaron en manos de funcionarios corruptos de la ciudad y sus socios mafiosos en vez de ser destinados a mejorar las condiciones de los más necesitados.
Francisco es el obispo de Roma, la capital de Italia y el centro del cristianismo. Tras referirse a la localidad como "nuestra ciudad", el el pontífice ha asegurado: "tenemos que defender a los pobres, no defendernos a nosotros mismos de los pobres. Debemos servir a los débiles, no usarlos".
Los documentos de la Fiscalía sobre el escándalo incluyen transcripciones de conversaciones telefónicas que mostraron los beneficios que obtuvieron los que ganaron contratos de los serios problemas sociales que se viven en la ciudad.
"¿Tienes idea de lo que se puede ganar con los inmigrantes?", asegura uno de los arrestados en referencia a los subsidios por brindar servicios en los campamentos temporales para inmigrantes. "El tráfico de drogas deja menos ganancias", señala.
Tras los arrestos, el alcalde de Roma, Ignazio Marino, ordenó una revisión de los contratos de la ciudad y el primer ministro italiano, Matteo Renzi, propuso leyes más duras contra la corrupción a nivel nacional.
