LISBOA, 11 Feb. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -
Los 12.000 colegios electorales en los que hoy los 8,7 millones de portugueses con derechos a voto podrán ejercerlo en el referéndum sobre la despenalización del aborto hasta las diez semanas de gestación por libre decisión de la madre, han abierto sus puertas en todo el país a excepción de en la localidad de Veigas donde los vecinos han boicoteado la consulta popular para protestar por la falta de un plan urbanístico para la ciudad.
En este segundo referéndum, al igual que en el primero hace ocho años, la abstención es una de las mayores preocupaciones, ya que es necesario que participe más del 50% de los 8.792.880 electores para que la consulta sea vinculante y nadie quiere que se repita la historia de 1998, cuando solamente acudieron a las urnas el 36% de la población, que le dio la victoria al `no'.
Las condiciones meteorológicas no son las más favorables para incentivar al voto, ya que en el norte y en el centro del país, las zonas más pobladas de Portugal, se registran fuertes lluvias con intenso viento, y en el resto del territorio, amenaza lluvia.
Los colegios están abiertos desde las 8 de la mañana y cerrarán a las 7 de la tarde (una hora más en España) en Portugal continental y en la isla de Madeira y una hora más tarde en el archipiélago atlántico de las Azores debido a la diferencia horaria.
En todo el país la apertura de los colegios se realizó sin incidentes a excepción de la localidad de Viegas, en el distrito de Santarem, en la que la población decidió boicotear el referéndum para protestar contra los atrasos en la revisión del plan urbanístico municipal, que prohíbe la construcción. "Hacemos esto para llamar la atención de los políticos", afirmaron un grupo de residentes.
En el norte del país, en el distrito de Mónaco, fronterizo con Galicia, los vecinos de Tangil también querían boicotear el referéndum para protestar por el cierre de un puesto de la Guardia Nacional Republicana (GNR) en la localidad, pero finalmente desistieron y la consulta transcurre con normalidad.
La pregunta de hoy es la misma que la de 1998: "¿Está de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo si es realizada, por opción de la mujer, en las primeras 10 semanas, en un establecimiento de salud legalmente autorizado?".
En esta campaña han participado 19 movimientos cívicos, cinco por el `sí' y 14 por el `no', y 10 partidos políticos.
La actual ley de 1984 impone penas de hasta 3 años a la mujer que se someta a un aborto ilegal y de 2 a 8 al médico que lo practique, pero, al igual que la española admite el aborto en los mismos tres supuestos: peligro físico o psíquico para la madre, malformación del feto y violación.
La diferencia es que su aplicación es diferente debido a la interpretación de la misma por los médicos lusos, ya que muchos de ellos no consideran los motivos económicos y sociales y el siempre hecho de un embarazo no deseado como un factor de riesgo en la salud psíquica de la madre, tal como reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS). El resultado es que en Portugal hay entre 20.000 y 40.000 abortos ilegales al año y unas 5.000 portuguesas que van a España a interrumpir su embarazo. Los legales en 2005 no llegaron a 1.000, una cifra similar a las 700 mujeres que tuvieron que ser internadas por abortos ilegales asumidos.
