El primer ministro dice que el Gobierno hará frente a las manifestaciones "con las medidas más severas"

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bahréin, Jalifa bin Salman al Jalifa, ha asegurado este lunes que las autoridades harán frente a las manifestaciones antigubernamentales previstas el miércoles "con las medidas más severas" en el marco de lo que ha descrito como parte de la lucha antiterrorista en el país.

"El Gobierno está en una fase crítica para eliminar el terrorismo a través de su programa integrado para combatir la violencia y castigar a los responsables y a los instigadores, así como a los que dan legitimidad y cobertura política a los actos de terrorismo", ha dicho.

Así, ha recalcado que las autoridades "no tolerarán ningún intento de desestabilizar el reino y arrastrar al país a los disturbios y el terrorismo", según ha informado la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA.

En este sentido, ha manifestado que el Gobierno aplicará las medidas aprobadas por el Parlamento para hacer frente a estas situaciones. Dichas medidas están destinadas a elevar los castigos contra los participantes en manifestaciones o en actos de oposición al Gobierno.

En su decisión, el Parlamento indicó que "todas las medidas necesarias para imponer la seguridad y la paz social, incluyendo la Ley de Seguridad Nacional, han de ser implementadas en caso de que se viole la ley o en la que la seguridad de la gente y de los intereses privados y públicos sean atacados".

Entre las mismas se incluyen la retirada de la ciudadanía a cualquier persona en base a motivos de seguridad y la prohibición de toda manifestación en la capital, Manama.

Asimismo, el Parlamento resaltó que las fuerzas de seguridad deben de contar "con las prerrogativas apropiadas y necesarias para proteger a la sociedad".

Por otra parte, solicitó a los embajadores y diplomáticos extranjeros no interfieran en los asuntos internos "en línea con el Derecho Internacional y las tradiciones", al tiempo que dijo que los discursos en público "han de ser moderados y estar destinados a preservar la cohesión social".

El primer ministro ha destacado que "es necesario acelerar la aplicación de dichas medidas" y ha indicado que "dichas acciones tienen como objetivo proteger a los ciudadanos de los intentos de grupos milicianos de usar la violencia".

CRÍTICAS INTERNACIONALES

La aprobación de dichas medidas por parte del Parlamento ha provocado una oleada de críticas al país por parte de Naciones Unidas y diversas ONG nacionales e internacionales.

La semana pasada, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) mostró su preocupación argumentando que dichas medidas suponen un recorte de los derechos fundamentales de la población.

"Solicitamos al Gobierno de Bahréin que cumpla totalmente con sus compromisos con los Derechos Humanos, incluyendo el respeto a la libertad de expresión, manifestación y asamblea, y pedimos a todos los manifestantes que ejerzan estos derechos de forma pacífica", dijo la portavoz del organismo, Cécile Pouilly.

La organización Human Rights Watch (HRW) criticó la decisión y sostuvo que la misma "dará excesivos poderes a las autoridades para actuar de forma arbitraria para restringir libertades como la de reunión y expresión".

"Bahréin se ha pasado los últimos dos años aplastando protestas pacíficas y violando los derechos de la población", dijo el subdirector de la organización para Oriente Próximo, Nadim Houri.

"Ahora planea un nuevo paquete de medidas draconianas, creando de forma efectiva un nuevo estado de emergencia, a pesar de que los manifestantes pacíficos que encabezaron las últimas protestas están en la cárcel cumpliendo largas penas de prisión", agregó.

En este sentido, criticó al Gobierno "por hablar mucho de la necesidad de una reconciliación nacional mientras sus acciones siguen yendo dirigidas a suprimir las protestas legítimas y a minar toda posibilidad de que el diálogo sea exitoso".

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) advirtió poco después de que la adopción de las medidas propuestas por el Parlamento provocará nuevas violaciones de las obligaciones internacionales del país con los Derechos Humanos.

Así, expresó su temor de que minen las libertades de expresión, reunión y asociación. En este sentido, criticó una vez más la legislación antiterrorista del país y acusó al Gobierno de utilizar su ambigüedad para reprimir las protestas contra su mandato.

A las críticas se unió el Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR), que describió al Parlamento como "una herramienta utilizada por el Gobierno contra los ciudadanos" y condenó "la campaña de acoso lanzada por el Ejecutivo contra el derecho de manifestación de la población".

Así, señaló que es "incluso más preocupante el uso del Parlamento, que se supone que representa al pueblo, para activar leyes que violan sus derechos fundamentales".

"La sesión especial (del Parlamento) no trató sobre la introducción de nuevos castigos: éstos han sido puestos en práctica anteriormente. Se trataba de presentar estas medidas bajo un nuevo título y una nueva cara", valoró la presidenta en funciones del organismo, Mariam al Jawaja.

CONTEXTO POLÍTICO

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante los dos últimos años las protestas pro democráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como AI, HRW o Reporteros Sin Fronteras(RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.

En enero, el monarca hizo una propuesta de diálogo a la oposición, que respondió que la misma "es vaga y está cubierta de niebla", al tiempo que destacó que "no refleja un acercamiento real y serio para responder a las demandas de la población".

El anterior proceso de diálogo para intentar poner fin a la crisis política en Bahréin concluyó en julio de 2012 sin alcanzar ningún acuerdo por la retirada del principal grupo de la oposición, Al Wefaq, que denunció que estaba infrarrepresentado en la mesa de diálogo.