RDCongo.- Global Witness denuncia la detención de un veterano activista contra la corrupción minera en la RDC

LONDRES 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización humanitaria Global Witness ha condenado la detención del activista por los Derechos Humanos congoleño Hubert Tshiswaka, un veterano luchador contra los abusos y la corrupción en el sector minero en la República Democrática del Congo (RDC), e instó al Gobierno que deje de intimidar a los representantes de la sociedad civil.

Tshiswaka, director ejecutivo de la organización congoleña Acción contra la Impunidad por los Derechos Humanos (ACIDH) y actual responsable del Programa RDC de la Iniciativa Sociedad Abierta para Sudáfrica (OSISA), fue detenido en la mañana del 21 de marzo por miembros de la Agencia Nacional de Informaciones (ANR) vestidos de paisano en el Park Hotel de Lubumbashi, en la provincia de Katanga (sureste).

El activista estuvo detenido varias horas sin acceso a un abogado y fue liberado esa misma tarde gracias a la presión internacional, según informó Global Witness en un comunicado. Las autoridades le acusaban de haber distribuido un panfleto anónimo en el que se criticaba al Gobierno de Kinshasa por sus actuaciones en materia de situación humanitaria, corrupción y mala gestión de los recursos naturales.

Según Global Witness, la detención de Hubert Tshiswaka forma parte de las "prácticas de acoso, las medidas de intimidación y los ataques perpetrados contra militantes, periodistas y otros miembros de la sociedad civil de la RDC".

LA CONFERENCIA MINERA

La ANR, según el comunicado, también interrogó a Hubert Tshiswaka por unas declaraciones efectuadas horas antes durante la conferencia sobre el sector minero organizada por el Ministerio de Minas en Kinshasa. Hubert Tshiswaka está comprometido desde hace años en la denuncia de los abusos y la corrupción en el sector minero en la RDC.

En esa conferencia, el Gobierno anunció su decisión de congelar la concesión de nuevos contratos de prospección y circulación de sus recursos mineros a fin de poner orden en el sector y a la espera de que se revisen los términos y el cumplimiento del Código Minero, según informaron fuentes de la Misión de Naciones Unidas (MONUC).

Los expertos y miembros del Gobierno reunidos en Kinshasa entre los pasados 12 y 17 de marzo para analizar el estado general del sector en el país y para reclamar la revisión del código minero actualmente en vigor advirtieron de que más del 90 por ciento de las exportaciones mineras de la RDC, uno de los países más ricos del mundo en recursos minerales, son ilegales o están fuera de control.

Los participantes en la cumbre decidieron finalmente no revisar el Código Minero y sí, en cambio, reforzar las medidas de aplicación a fin de adaptarlas al actual contexto internacional del país. Por ello, el Gobierno --implicado en el encuentro-- ha decidido congelar la concesión de nuevos permisos.

En la cumbre se constataron numerosos abusos en el uso de estas concesiones, seis años después de la aprobación del código. En el país hay un total de 4.542 concesiones, lo que equivale al 33 por ciento de la superficie del país, pero sólo una mínima parte están siendo explotadas. Según un miembro de la MONUC, Fabrice Badibanga, muchos de los propietarios se limitan a especular con estas concesiones en las bolsas mundiales sin invertir en su explotación. Por ello, el país se queda sin los beneficios derivados de la explotación minera, tan necesarios para el relanzamiento de la economía nacional, precisó.

El problema de la corrupción minera es particularmente sensible en este país que cuenta con el 80 por ciento del coltán (colombio-tantalio) de todo el mundo --un mineral estratégico indispensable para la producción de teléfonos móviles y para la industria de las telecomunicaciones en general--, el 34 por ciento de las reservas de cobalto --esencial para las industrias nuclear, química, aerospacial y armamentística--, el diez por ciento del oro y otros minerales como diamantes, estaño y cobre.

Pese a estas riquezas, República Democrática del Congo sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Según estimaciones de la ONU, citadas por la agencia misionera de noticias MISNA, cerca del 75 por ciento de su población vive con menos de un dólar al día y más de 1.200 personas mueren cada día por causas ligadas a la pobreza.

Los congoleños creen que las inmensas riquezas mineras y la complicidad entre compañías transnacionales, ejércitos, milicias y gobiernos son la principal causa del eterno conflicto armado que vive el país.

Según muchos analistas y organizaciones de Derechos Humanos, el control de las regiones productoras del coltán fue el motivo fundamental para que las fuerzas militares del presidente ruandés Paul Kagame y ugandesas del presidente Yoweri Museveni atravesasen la frontera a mediados de los años noventa para, con la ayuda de multinacionales occidentales --sobre todo estadounidenses--, ocupar zonas del este de la RDC con la excusa de derrocar, sucesivamente, a los presidentes Mobutu Sese Seko y Laurent-Désiré Kabila. Fue el inicio de la llamada 'Primera Guerra Mundial Africana', que causó más de cinco millones de muertos y que continúa actualmente con menor intensidad en la zona de los Kivus.

Recientemente, un comité de expertos de las Naciones Unidas, encargado de supervisar las violaciones al embargo sobre las armas impuesto al país, propuso la adopción de sanciones contra las empresas mineras que aún hoy intercambian minerales por armas, alimentando la inestabilidad en el este del país.

En junio de 2006, Global Witness denunció que los políticos y las empresas se apoderan fraudulentamente de una parte creciente de los minerales extraídos en Katanga, en particular cobre y cobalto, en perjuicio de la población de esta región. El mineral sale en grandes cantidades sin ser declarado, con las consiguientes pérdidas para la economía congoleña y las "considerables ganancias para un pequeño número de elementos poderosos".