MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El relator de Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, ha presentado su informe preliminar sobre la situación en Bolivia en el que lamenta que la Justicia del país "está lejos de la gente".
"En Bolivia la Justicia está lejos de la gente, en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la Justicia responda a dramas cotidianos, la reacción comprensible y la legítima que ha habido entre excarcelaciones a través de medios corruptos", ha indicado.
Asimismo, ha lamentado que tan solo la mitad del uno por ciento del presupuesto nacional esté destinado al ámbito judicial, mientras que el 44 por ciento de los administradores de justicia del país sean de carrera, siendo así la mayoría de ellos empleados transitorios, según 'El Deber'.
Por otro lado, ha puesto en duda la eficacia de la elección de magistrados a través de las urnas, pues considera que es un método que "no funciona", por lo que ha instado a los diferentes sectores sociales a que alcancen un acuerdo nacional para afrontar las reformes correspondientes en este ámbito.
CASO 'GOLPE DE ESTADO II'
Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de Bolivia han firmado un protocolo de seguimiento a los procesos judiciales, con lo que el caso 'golpe de Estado II' será observado por organismos internacionales.
"El juicio por el caso 'golpe de Estado II' contará con la observación y seguimiento de los organismos internacionales de Derechos Humanos", se señala en un boletín del Ministerio de Justicia.
"Hay procedimientos judiciales que son muy importantes para el desarrollo de nuestra democracia, y queremos estar seguros que se está cumpliendo el debido proceso y los derechos humanos fundamentales", ha argumentado el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima.
Del mismo modo, en relación a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, involucrada en este mencionado caso, García-Sayán ha remarcado que el Estado debe ser responsable de garantizar el bienestar de todo aquel encarcelado.
"No puedo yo responder, la señora Áñez tiene su defensa legal, el relator no puede ser capaz de adelantar una impresión sobre inocencia o responsabilidad penal, solo se puede abogar para que haya respeto al debido proceso", ha señalado al respecto de la privación de traslado de la exmandataria a un centro hospitalario.
Este mismo martes un juzgado de La Paz ha ampliado tres meses más la prisión preventiva de Áñez, que inició hace trece días una huelga de hambre en vísperas de la apertura de un juicio por su presunto rol en la crisis política de 2019. También está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en el marco del caso 'Golpe de Estado I'.
