AI exige una apelación "inmediata y justa" y HRW afirma que la Ley sobre el Genocidio ha sido utilizada para silenciar la disidencia
MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han denunciado este miércoles que el juicio en el que ha sido condenada la disidente ruandesa Victoire Ingabire "no se ajustó a las normas internacionales" y estuvo marcado por las "violaciones al debido proceso" y por unos cargos de "carácter político".
El Tribunal Supremo de Ruanda condenó ayer martes a ocho años de prisión a Victoire Ingabire, presidenta de las Fuerzas Democráticas Unidas (FDU-Inkingi), por "conspirar contra el Estado" por medio de "actos de terrorismo y guerra" y por "negación del genocidio de 1994". La procesada había negado todos los cargos. El juicio contó con la presencia de activistas de Derechos Humanos, periodistas y diplomáticos en calidad de observadores.
"A pesar de los observadores internacionales, el juicio estuvo marcado por violaciones al debido proceso", en especial por "la no revelación de pruebas potencialmente exculpatorias aportadas por la defensa de Ingabire, por las intimidaciones a los testigos y por las interferencias en su derecho a permanecer en silencio", ha denunciado Amnistía en un comunicado.
Por ello, la subdirectora para África de Amnistía Internacional, Sarah Jackson, ha reclamado a las autoridades ruandesas que garanticen "un proceso de apelación inmediato y justo".
Los cargos iniciales contra la disidente ruandesa estuvieron encuadrados en dos grupos: los relacionados con sus declaraciones y los relacionados con el terrorismo. "De entrada, los cargos relacionados con sus declaraciones, basados en la expresión de las opiniones políticas por parte de Ingabire, ni siquiera deberían haber sido llevados ante el tribunal", ha advertido Amnistía.
IDEOLOGÍA DEL GENOCIDIO
Por su parte, HRW ha denunciado también que el proceso estuvo marcado por "la irregularidades y por unos cargos de carácter político" y ha asegurado, en boca del director para África de la organización, Daniel Bekele, que las acusaciones relacionadas con la negación del genocidio "ilustra el rechazo del Gobierno ruandés a tolerar la crítica y a aceptar el papel de los partidos de oposición en una sociedad democrática".
En este sentido, la organización ha recordado que la Ley contra la "Ideología del Genocidio", aprobada en 2008 y en virtud de la cual ha sido condenada Victoire Ingabire, es "muy imprecisa", da pie a "abusos" y ha sido utilizada "como un instrumento para reducir al silencio las críticas contra el Gobierno".
Por ejemplo, según HRW, Ingabire ha sido condenada únicamente por condenar los crímenes cometidos por el actual partido gubernamental, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), después del genocidio de 1994. La propia Victoire Ingabire ha cuestionado la constitucionalidad de estos cargos, pero el Supremo decidió, el pasado 18 de octubre, desestimar su demanda.
En cuanto a las acusaciones por terrorismo y relación con grupos armados, Human Rights Watch ha admitido que no está "en condiciones de pronunciarse respecto a la validez de los cargos", pero sí ha advertido de que algunas de las pruebas utilizadas para inculparla parecen "poco fiables".
En este sentido, ha recordado que entre los testigos de cargo figuran tres antiguos miembros del grupo rebelde hutu de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (en FDLR) que han sido procesados junto a Ingabire por los mismos delitos y que han declarado en contra de ella.
"En el curso del proceso, se supo que tres los acusados junto a Victoire Ingabire habían estado detenidos en Camp Kami, un campamento militar", y un testigo citado por la defensa "ha sembrado las dudas sobre la credibilidad del testimonio de al menos uno de ellos", en especial a causa de "las condiciones de su detención y de la posibilidad de que hubiera coerciones", afirmó HRW.
Aparte, la organización ha recibido informaciones según las cuales otras personas detenidas en Camp Kami fueron sometidas a "intensas presiones, y en algunos casos a torturas, para arrancarles confesiones". Asimismo, "algunas personas han asegurado que se les ordenó que incriminasen a Victoire Ingabire y a otros opositores al Gobierno", agregó.
DETENIDA EN 2010
La líder opositora ha sido declarada culpable de dos de los seis cargos, concretamente de transferir dinero a las FDLR y de "negación del genocidio", concretamente por denunciar la muerte de hutus a manos de las milicias tutsis y por preguntar públicamente por qué no figuraba ninguna víctima hutu en el memorial sobre la matanza de 1994.
Victoire Ingabire, perteneciente a la comunidad hutu, regresó a Ruanda en enero de 2010, después de 16 años en el exilio, para participar en las elecciones presidenciales, pero las autoridades le prohibieron concurrir a los comicios después de acusarla del crimen de negación del genocidio.
Las elecciones fueron ganadas ampliamente por el presidente Paul Kagame, cuyo mandato presidencial expira en 2017 y a quien las organizaciones de Derechos Humanos han acusado reiteradamente de gobernar autoritariamente el país y de graves abusos en Ruanda y en la vecina República Democrática del Congo.
La dirigente opositora fue detenida en octubre de 2010 después de que la Policía la acusara en relación con el caso abierto contra un antiguo comandante rebelde acusado de terrorismo. El proceso comenzó el septiembre de 2011 y concluyó el 25 de abril de 2012. A mediados de abril, Ingabire decidió boicotear el juicio con el argumento de que ya no tenía "confianza en el sistema judicial".
