LONDRES 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo de defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, presentó hoy un informe en el que señala que durante años Reino Unido ha jugado un papel importante en la lucha contra la tortura, pero indica que en cambio ahora, este país presenta una doble cara. Por un lado, el Reino Unido continúa luchando contra la tortura a través de tratados y "enfatiza la importancia de los derechos humanos en el mundo".
Por otro, el Gobierno mantiene una política que estropea décadas de esfuerzo realizado de forma global para luchar contra esta práctica y argumenta que "en una época en la que existe la amenaza terrorista se tienen que suavizar algunas reglas sobre los Derechos Humanos".
La organización reconoce que los gobiernos deben tomar medidas severas para proteger al público de la amenaza terrorista, pero indica que estas medidas en ningún momento deben llevar a rebajar el listón moral de los países y dejar de lado las leyes internacionales.
Human Rights Watch asegura que, desde hace dos años y, sobretodo, desde que ocurrieron los ataques terroristas en Londres en julio del pasado año contra el sistema de transporte de la capital, en los que murieron más de 50 personas, se han podido ver una serie de políticas destinadas a luchar contra el terrorismo que en su opinión violan los Derechos Humanos.
ENTREGAS EXTRAORDINARIAS
El grupo enumera por ejemplo el derecho a utilizar para los procesos legales pruebas cometidas bajo tortura, firmar acuerdos que permiten devolver personas a países en los que puedan ser torturados y el hecho de que el Gobierno británico se ha negado a condenar la política estadounidense sobre entregas extraordinarias de presuntos terroristas.
Una portavoz del Ministerio del Interior indicó en declaraciones a Europa Press que el Gobierno no es ambivalente sobre la tortura y que condena sin reservas este tipo de prácticas. Así explica que se acepta que ninguna persona debe volver a un país donde pueda ser torturada.
No obstante, esta portavoz dijo que Human Rights Watch no acepta el principio de que se ofrezcan garantías de que una persona sea devuelta su país y que sea tratada de acuerdo a la ley. El Gobierno explica que Reino Unido está comprometido con la protección de los ciudadanos contra la amenaza del terrorismo y añade que se han deportado a personas por razones de seguridad nacional y que "siempre se ha tenido el apoyo de los tribunales para hacerlo".