Archivo - Logo de la organización no gubernamental Save the Children en un teléfono móvil (archivo) - Europa Press/Contacto/Igor Golovniov - Archivo
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Save the Children ha denunciado la destrucción de un centro de salud y el saqueo e incendio de una de sus oficinas en el estado sursudanés de Jonglei, apenas unos días después de que Médicos Sin Fronteras (MSF) acusara al Ejército de destruir su hospital en Lankien, en esta zona del país, en un bombardeo perpetrado en el marco de los enfrentamientos con el opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO).
Save the Children ha detallado en un comunicado que "bandas armadas" llevaron a cabo estas acciones en Walgak, en la zona oriental de Jonglei, donde el repunte de la violencia ha dejado más de 235.000 desplazados durante el último mes, al tiempo que ha afirmado que ha suspendido sus operaciones en Walgak y el condado de Akobo, de donde ha retirado a sus 30 trabajadores, lo que supone el fin de los servicios esenciales para cientos de familias.
Los incidentes, que tienen lugar después de que cuatro vehículos de la organización fueran incautados la semana pasada, se han saldado sin víctimas entre los trabajadores de la ONG o de los residentes en la zona.
"No hemos tenido más opción que suspender de forma indefinida nuestras operaciones en Walgak tras los repetidos ataques, pese al impacto que esto tendrá en muchas familias y niños que dependen de nosotros para los servicios esenciales", ha dicho el director de Save the Children en Sudán del Sur, Chris Nyamandi.
"Cuando las instalaciones de ayuda son atacadas son los civiles, especialmente los niños, los que sufren las consecuencias. Estas acciones son inaceptables y deben parar", ha señalado, antes de insistir en que "los bienes humanitarios deben ser protegidos". "Los ataques contra las organizaciones de ayuda solo ahondan el sufrimiento de unas comunidades ya vulnerables", ha explicado.
Por ello, la ONG ha pedido a todas las partes en conflicto que cesen este tipo de ataques, que respeten el Derecho Internacional Humanitario y que cumplan sus obligaciones a la hora de proteger a los civiles y a los actores humanitarios, así como que garanticen un acceso seguro, sostenido y sin restricciones para la entrega de ayuda a las poblaciones afectadas por el conflicto.
MSF denunció el miércoles un bombardeo del Ejército de Sudán del Sur contra su hospital en Lankien, un suceso en el que uno de sus trabajadores ha resultado herido de levedad y que ha destruido su principal almacén y los "suministros críticos" que contenía. En un segundo incidente, una de sus instalaciones médicas en Pieri, también en Jonglei, había sido saqueada poco antes por parte de asaltantes no identificados.
En este contexto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó el martes de que más de 450.000 niños corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda a causa del desplazamiento masivo de población y la interrupción de servicios sanitarios y nutricionales por el repunte del conflicto en el estado de Jonglei.
El jefe del Ejército sursudanés, Paul Nang Majok, aseguró el martes que las tropas gubernamentales habían "aplastado" al SPLM-IO y a la milicia White Army (Ejército Blanco) --aliada del primero-- en Pieri Payam, en Jonglei, una zona que describió como "el corazón de la insurgencia", según recogió la emisora sursudanesa Radio Tamazuj.
El Ejército anunció a finales de enero una ofensiva en Jonglei contra el SPLM-IO --encabezado por el antiguo líder rebelde y exvicepresidente sursudanés, Riek Machar-- y emitió una orden de evacuación en tres condados para la retirada de civiles, 'cascos azules' de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y trabajadores de organizaciones humanitarias.
El conflicto volvió a estallar en febrero de 2025, cuando White Army lanzó una ofensiva contra el Ejército en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo --cerca de la frontera con Etiopía-- y conquistó temporalmente la localidad, lo que llevó a las autoridades a poner bajo arresto domiciliario a Machar tras acusarle de conspirar contra la seguridad del Estado, por lo que el SPLM-IO denunció una violación del acuerdo de paz de 2018.
La situación derivó en un aumento de los combates en otros puntos del país, en una crisis que llega además después de que el presidente sursudanés, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.