MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Brasil (STF) ha anunciado este miércoles que amplía durante seis meses más su investigación contra la campaña de noticias falsas y amenazas contra sus magistrados, de la que estarían detrás grupos a favor del presidente, Jair Bolsonaro, días después de que el Senado aprobara un proyecto de ley para perseguir el contenido falso que se vierte en redes sociales.
El magistrado del STF encargado de la investigación, Alexandre de Moraes, ha anunciado que la nueva prórroga comenzará a contar desde el próximo 15 de julio, cuando finaliza el periodo anterior.
La investigación ha sido avalada hace un mes por el pleno del Supremo, poco más de un año después de que el presidente del Alto Tribunal, José Antonio Dias Toffoli, iniciara las primeras pesquisas acerca de la difusión de noticias falsas y amenazas que muchos de los magistrados del STF han estado recibiendo en los últimos dos años, coincidiendo con la entrada de Bolsonaro en el Palacio de Planalto.
A finales de mayo, varias personas fueron objetivo de un operativo policial para hallar evidencias de esta supuesta red de difusión de noticias falsas y de posibles financiadores, por lo que el juez que instruye la causa, Alexandre de Moraes, ordenó la investigación de hasta ocho diputados del Partido Social Liberal (PSL), la antigua fuerza política de Bolsonaro.
Hasta el momento, se han llevado a cabo cerca de una veintena de registros e incautaciones, una decena de requerimientos para conocer el testimonio de testigos y sospechosos, así como varias órdenes de búsqueda y captura, como la de los aliados de Bolsonaro, el actual presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), Roberto Jefferson, y la del propietario de la empresa de electrodomésticos Havan, Luciano Hang, así como la de varios blogueros.
Tras las primeras investigaciones, De Moraes señaló que existe "una posibilidad real" de que haya una "asociación criminal dedicada a la difusión de noticias falsas, ataques ofensivos contra varias autoridades e instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo", con el fin de "romper la normalidad institucional y democrática" de Brasil.
El propio magistrado expuso durante la votación del Supremo acerca de la validez de esta investigación llevada a cabo hace un mes algunas de estas amenazas y expresó que "la libertad de expresión no es libertad de agresión", pues "en ninguna parte del mundo" mensajes como, "que violen y maten a las hijas de los jueces del Tribunal Supremo" son libertad de expresión, sino "delincuencia".
Desde entonces, apunta el diario 'O Globo', el trabajo del Supremo ha remitido al Tribunal de Primera Instancia 72 investigaciones sobre actos de este tipo, que ya han sido trasladadas a la Policía.
EL SENADO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY CONTRA LAS NOTICIAS FALSAS
Por su parte, y a la espera de que sea también avalado por el Congreso, el Senado aprobó a principios de semana un proyecto de ley con el que poder perseguir judicialmente la difusión de noticias falsas a través de internet y las redes sociales.
La iniciativa contó con 44 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones. Ahora irá al Congreso donde, si es aprobada sin sufrir modificaciones, será a su vez remitida al despacho de Bolsonaro, quien tendrá que sancionarla.
El texto que aprobó el Senado mantuvo la eliminación de uno de los puntos más controvertidos del proyecto, la del requisito de facilitar el número de identidad y el del teléfono móvil para poder abrir una cuenta en redes sociales. Ahora serán las plataformas quienes deberán exigir esta información en caso de que levanten sospechas.
Uno de los muchos puntos que aborda el proyecto y que sí ha salido adelante es el de mantener el registro de la cadena de mensajes reenviados a través de WhatsApp para conocer la fuente original. A partir de cinco mensajes es considerado cadena y sólo se podrá acceder a esta información bajo orden judicial y cuando haya alcanzado a mil o más destinatarios.
Así pues, el acceso a toda esta información sólo puede producirse cuando existan evidencias de que podrían estar sujetas a una investigación penal y bajo orden de un juez.
