Organizaciones defensoras de DDHH denuncian los retrocesos y que los militares gozan de total "impunidad"
MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La junta militar que dirige el general Prayuth Chan Ocha cumple este viernes un año al frente de Tailandia, un país que vive marcado por los recortes de libertades civiles, las competencias excepcionales que mantienen los militares y la falta de un horizonte electoral claro desde el golpe de Estado.
El 22 de mayo de 2014, el entonces jefe del Ejército, el general Prayuth Chan Ocha, lideró el golpe de Estado que puso fin al Gobierno dirigido por el partido Pheu Thai, aprovechando la inestabilidad creada por las continuas manifestaciones en Bangkok en contra del Ejecutivo y tras una fallida reunión con los principales líderes políticos.
La maniobra del general Prayuth llegó quince días después de que el Tribunal Constitucional cesara a la primera ministra del país, Yingluck Shinawatra, por haber incurrido en abuso de poder en un nombramiento de un alto mando.
El cese de Yingluck no detuvo las protestas en Bangkok en contra del Ejecutivo y la inestabilidad generada por las marchas fue el principal argumento esgrimido por el general Prayuth para justificar su actuación.
Tras asumir el liderazgo del país, el general presentó el denominado Consejo Nacional para la Paz y el Orden --el nombre oficial de la junta militar--, derogó la Constitución, aprobó una Carta Magna provisional y designó un nuevo Parlamento, con militares ocupando escaños, que fue quien le nombró como primer ministro.
LA LEY MARCIAL
Durante los primeros meses de mandato en 2014, el Gobierno mantuvo vigente la ley marcial para contar con competencias extraordinarias en materia de seguridad y de libertades civiles, hasta que el pasado 1 de abril anunció públicamente su derogación.
Sin embargo, el anuncio vino acompañado por otra polémica decisión, la aplicación del artículo 44 de la Constitución, por el que la junta militar mantiene sus competencias extraordinarias que le permiten, entre otras cuestiones, detener a civiles sin orden judicial y mantenerlos encerrados sin cargos.
El general Prayuth no ha tenido inconveniente en justificar el mantenimiento de las competencias extraordinarias de las Fuerzas Armadas, así como la necesidad de que los militares puedan detener a civiles "sin tener que esperar a una orden judicial".
"No hablemos solo de libertad y democracia. Apoyo la democracia. Si no fuera democrático, vosotros no estarías junto a mí así", aseguró el jefe de la junta militar el pasado 1 de abril, en declaraciones a la prensa, días después de amenazar con "ejecutar" a los reporteros que no digan "la verdad". "Si no habéis hecho nada mal, ¿Por qué tendríais que estar preocupados?", apostilló.
La falta de un calendario electoral claro para recuperar la democracia es una de las principales preocupaciones para la clase política tailandesa, cuyos principales líderes fueron detenidos en los días posteriores al golpe de Estado, incluida la ex primera ministra Yingluck Shinawatra, y liberados posteriormente.
El debate se centra ahora en la nueva Constitución que ha elaborado una comisión designada por la junta militar y por el Parlamento. El nuevo texto constitucional ha sido expuesto a las fuerzas políticas tailandesas, incluidos el Pheu Thai y el Partido Democrático, que lo han criticado por considerar que tiene como objetivo restar peso al Parlamento que surja de las próximas elecciones democráticas y posibilitar la creación de gobiernos de coalición frágiles.
Tanto la junta militar como el general Prayuth no han dudado en reconocer que la nueva Carta Magna limitará el poder de los parlamentarios y, por tanto, de los partidos. Los redactores del texto han asegurado que su objetivo es evitar una "dictadura del Parlamento". La nueva Constitución será sometida a referéndum, lo que retrasará aún más la celebración de las próximas elecciones, sin fecha definida pero que no tendrán lugar antes de 2016 por la consulta.
Las últimas elecciones democráticas celebradas en Tailandia fueron ganadas por un amplio margen por el Pheu Thai, la formación que lidera Yingluck Shinawatra, al igual que había sucedido anteriormente con el partido que encabezaba su hermano Thaksin Shinawatra, derrocado por otro golpe de Estado en 2006 y que ahora vive en el exilio.
GRAVE REPRESIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
En su informe anual mundial, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha asegurado que, desde su llegada al poder, la junta militar "ha reprimido gravemente los derechos fundamentales" de los tailandeses y "no ha dado pasos para restablecer el orden democrático".
"El régimen militar ha dejado los Derechos Humanos en caída libre, sin indicios de que la prometida transición democrática vaya a llegar pronto", aseguró el director de HRW para Asia, Brad Adams. El informe publicado por HRW a finales de enero denuncia que la junta militar del general Prayuth ha gobernado "sin rendición de cuentas" y con "impunidad" a pesar de sus "actos abusivos".
"La junta ha prohibido ampliamente las actividades políticas, ha llevado a cabo cientos de detenciones arbitrarias y ha ignorado graves acusaciones de torturas y malos tratos a detenidos", subrayó la ONG, antes de recordar que aprovechó la ley marcial para ordenar a los medios de comunicación que no criticaran a las Fuerzas Armadas. "La junta ha censurado artículos y ha bloqueado más de 200 webs, incluida la de HRW en Tailandia.
A las denuncias y críticas de HRW se suman las de otras organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional, que ha asegurado en su último informe anual que la junta tailandesa "ha expandido la jurisdicción de los tribunales militares para permitir que los civiles sean procesados por desobedecer sus órdenes, por delitos contra la monarquía y por motivos de seguridad interna", sin que les permita presentar recurso alguno.
En esta misma línea, la ONG ha advertido de que la Constitución provisional aprobada por el Parlamento nombrado por los militares en julio de 2014 concede "inmunidad" al Consejo Nacional para la Paz y el orden y exime a los agentes gubernamentales de "cualquier responsabilidad penal" por violaciones de los Derechos Humanos.
Tras reprochar a las autoridades que hayan "restringido gravemente" los derechos a la libertad de expresión y de reunión, el informe de Amnistía critica que el Gobierno militar haya prohibido que se celebren reuniones "políticas" de más de cinco personas.
A JUICIO POR EL SALUDO DE LOS JUEGOS DEL HAMBRE
Amnistía Internacional denuncia que las autoridades militares tailandesas detuvieron a manifestantes que participaban en protestas pacíficas en los días posteriores al golpe de Estado, incluso a personas que días después comenzaron a hacer el saludo de la saga de películas 'Los Juegos del Hambre' --un gesto también perseguido en la obra cinematográfica y en los libros--.
Por su parte, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) ha denunciado el recorte en la libertad de prensa y el acoso contra los medios de comunicación críticos con la junta militar. En concreto, ha asegurado que la Comisión Nacional de Radiodifusión y Telecomunicaciones ha aprobado varias directivas de censura para prohibir, entre otras cuestiones, las noticias que puedan "crear confusión, generar agitación o profundizar en las divisiones".
LA CENSURA CONTINÚA
El CPJ ha dejado claro que la revocación de la ley marcial no ha tenido efecto en la libertad de prensa porque la aplicación del artículo 44 de la Constitución provisional "incluye directrices similares para la censura de los medios".
La Comisión de Radiodifusión tailandesa, según los datos del CPJ, ha actuado para suspender o retirar la licencia de cerca de 200 emisoras de radio por difundir noticias críticas con las autoridades militares.
