Tailandia estudia una ley para interceptar llamadas telefónicas en caso de amenaza

BANGKOK 11 Ago. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Tailandia estudia aprobar una ley que permitirá a las fuerzas de seguridad interceptar llamadas telefónicas en casos relacionados con la seguridad nacional, según han anunciado este jueves las autoridades del país.

Para que la medida entre en vigor, la junta militar, en el poder desde que el golpe de Estado de 2014, tiene que reformar el Código Penal de 1934. "El Gobierno parece estar de acuerdo en permitir que se intercepten teléfonos en casos penales", ha indicado el portavoz de la Policía, Dechnarong Sutthicharnbancha, que ha señalado que la medida aún debe ser aprobada por el Parlamento.

La legislación afectaría a aquellos casos que incluyan algún tipo de amenaza para la seguridad nacional, así como insultos a la familia real o actividades relacionadas con el crimen organizado. Los casos políticos quedarían exentos de esta práctica, según fuentes oficiales.

Sunai Phasuk, investigador tailandés de la ONG Human Rights Watch, ha manifestado su preocupación al respecto "dada la arbitrariedad con la que las autoridades de Tailandia presentan cargos". "Tendremos que tomar las medidas de prevención necesarias para que no se de un mal uso a la vigilancia", ha aseverado Dechnarong.

La principal empresa de telecomunicaciones tailandesa aprobó el martes el requerimiento de que los visitantes extranjeros registren las tarjetas SIM de sus teléfonos móviles para que puedan ser supervisados por las autoridades en cuestiones de seguridad nacional.

Desde que llegó al poder en 2014, el Ejército ha mermado la libertad de expresión y ha hecho un uso extensivo del artículo 44 de la Constitución, que recoge la posibilidad de que las Fuerzas Armadas silencien a la oposición. El primer ministro, Prayuth Chan Ocha, ha señalado que el artículo 44 seguirá vigente hasta que la nueva constitución sea aprobada a finales de año.

Según el artículo 112 del Código Penal de Tailandia, cualquier crítica contra la monarquía constituye un grave delito penal que puede suponer hasta 15 años de prisión. Los grupos de Derechos Humanos han denunciado la utilización de delitos de lesa majestad como instrumento político por parte de la junta.