NUEVA YORK, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que, un año después del golpe de Estado que acabó con el Gobierno de Thaksin Shinawatra, el Ejecutivo instalado por los militares golpistas ha incumplido sus promesas de proteger los Derechos Humanos y se mantienen "inciertas" las perspectivas de retorno a la democracia mediante un Gobierno elegido en comicios libres y fiables.
El 19 de septiembre de 2006, el general Sonthi Boonyaratglin lideró un golpe de Estado incruento contra Thaksin, al que acusaba de corrupción, de socavar la democracia y dividir al país.
La junta militar surgida del golpe, actualmente denominada Consejo para la Seguridad Nacional, estableció un Gobierno con la misión de llevar a cabo su prometido retorno a la democracia. El nuevo Ejecutivo prometió también que pondría fin a los abusos de las fuerzas de seguridad en las zonas predominantemente musulmanas del sur y que investigaría los asesinatos cometidos en las campañas de Thaksin contra el narcotráfico.
"El desprecio de Thaksin hacia los Derechos Humanos y la democracia era evidente, pero Tailandia se encuentra peor a causa del golpe de Estado", declaró el director de Human Rights Watch para Asia, Brad Adams, citado en un comunicado
"La ley marcial sigue en vigor en muchas zonas del país, hay mayores restricciones a los medios de comunicación y muchas instituciones claves, como el Parlamento, el Tribunal Constitucional y la Comisión Electoral, se han convertido en herramientas del poder militar", añadió.
LA NUEVA CONSTITUCIÓN
El Consejo para la Seguridad Nacional y el Gobierno del general Surayud Chulanont han asegurado que la restauración de la democracia se llevará a cabo mediante la promulgación de una nueva Constitución, la celebración de elecciones generales (previstas para el 23 de diciembre) y la formación de un nuevo Gobierno.
El pasado mes de agosto se aprobó en referéndum una nueva Constitución apoyada por los militares con el apoyo del 56,69 por ciento de los votantes. La nueva Carta Magna establece que el cargo del primer ministro debe estar limitado a dos mandatos y aligera los procedimientos de destitución. Asimismo, la Cámara de Representantes pasa de 500 a 400 escaños, 320 de ellos elegidos directamente y 80 mediante listas de partidos.
En lo que supone un "golpe a la representación democrática", según HRW, las elecciones directas al Senado, una institución que "juega un poderoso papel en el control del poder Ejecutivo", serán abolidas. En virtud de ello, el Senado ya no constará de 150 escaños elegidos y estará formada por comités nacionales y provisionales "compuestos por burócratas y autoridades judiciales" que se encargarán de designar a los miembros de agencias tan importantes como la Comisión Electoral, la Comisión Anticorrupción o la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
"La nueva Constitución supone en estos momentos un paso atrás para Tailandia", según Adams. "El problema en el pasado era la incapacidad de las instituciones democráticas para funcionar independientemente y impedir los abusos del poder por parte del Gobierno y otros intereses creados, incluidos los del Ejército", prosiguió. "La Constitución apoyada por el Ejército no soluciona ese problema, sino que permite que los poderes fundamentales sean controlados y manipulados mediante nombramientos en el Ejército y la burocracia a expensas de los dirigentes electos", añadió.
Aparte, Human Rights Watch expresó su preocupación por las medidas adoptadas por los militares para ejercer un mayor poder que el que tenían en el pasado sobre los Gobiernos elegidos democráticamente. El pasado 17 de septiembre, el Consejo para la Seguridad Nacional anunció que la ley marcial, aprobada para todo el país en la misma noche del golpe de Estado, seguirá en vigor en 27 provincias, no sólo en las fronterizas o las más conflictivas, sino también en las zonas en que Thaksin tenía más influencia, en el norte y noreste.
Esta medida, según HRW, "contradice la promesa hecha por el primer ministro, general Surayud Chulanont, el 14 de septiembre de levantar la ley marcial antes de las elecciones generales". A juicio de la organización, el Consejo ha actuado así a causa de los resultados del referéndum de agosto, en el que el 62 por ciento de los votantes del noreste rechazaron la Constitución.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Aunque la nueva Constitución garantiza la libertad de expresión e información, "el Gobierno ha mostrado poco respeto a estos derechos básicos", según el comunicado de HRW. Desde el golpe de Estado, asegura la organización, "el Gobierno ha infringido activamente la libertad de prensa" y los soldados "siguen apostados dentro de la cadena de televisión T-iTV, que hasta el año pasado pertenecía a la familia Shinawatra.
Aparte, "muchas emisoras de radio comunitarias en el norte y el noreste en un primer momento cerradas tras el golpe han vuelto a las ondas, pero decididamente son menos críticas con el Ejército". "Como resultado de ello", según HRW, "la autocensura se he vuelto una preocupación en todas las redacciones". Asimismo, según el comunicado, desde el golpe de Estado el Gobierno ha sido muy activo en el silenciamiento de los 'ciberdisidentes'.
