Tibetano encarcelado por el Gobierno chino
GOPAL CHITRAKAR / REUTERS
  
Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2015 22:33

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El sistema judicial chino, fuertemente politizado, sigue apoyándose en un sistema de confesiones forzadas obtenidas mediante tortura y malos tratos, según ha denunciado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy. Los abogados que presentan denuncias sobre estos abusos son víctimas frecuentes de amenazas y hostigamientos, e incluso de detenciones y torturas.

   "¿En un sistema en el que incluso los abogados pueden acabar siendo torturados por la Policía, ¿qué esperanzas pueden tener los acusados corrientes?", ha afirmado Patrick Poon, investigador sobre China de Amnistía Internacional.

   El informe, titulado 'No end in Sight' (Sin un final a la vista), documenta cómo las reformas introducidas en la justicia penal, vendidas por el Gobierno chino como avances en materia de Derechos Humanos, apenas han contribuido a cambiar la práctica profundamente arraigada de torturar a los detenidos, en espera de juicio, para obtener confesiones forzadas. Una costumbre especialmente frecuente en causas políticas, como las que afectan a disidentes, minorías étnicas o personas que participan en actividades religiosas.

   Según Amnistía, los comités políticos y legales, integrados por funcionarios locales del Partido Comunista, ejercen una considerable influencia a la hora de determinar las causas judiciales políticamente delicadas. "Cuando un comité desea una sentencia condenatoria, el tribunal pasa por alto las denuncias de tortura y los responsables casi nunca rinden cuentas", ha afirmado.

   La organización ha hablado con abogados de toda China que sufrieron represalias por desafiar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Los letrados señalaron entonces deficiencias en el sistema de justicia que permiten a agentes de Policía, fiscales y otros funcionarios frustrar sus intentos de investigar las denuncias de tortura."Si el Gobierno no se toma en serio la mejora de los Derechos Humanos, debe empezar por hacer rendir cuentas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley cuando cometen abusos", ha señalado Poon.

Detenido chino

   El Gobierno de China ha defendido que las autoridades han "alentado y apoyado siempre a los abogados en el desempeño de sus funciones" y ha negado cualquier "represalia", más ahora que el país va a ser investigado por el Comité de Expertos contra la Tortura de Naciones Unidas la próxima semana. Según Amnistía, "disimular" la independencia de un sistema judicial no servirá para poner freno a la lacra de la tortura y los malos tratos en China, en el que menos del 20 por ciento del total de acusados en causas penales no disponen de representación letrada.

FORMAS DE TORTURA

   El informe documenta casos de tortura y malos tratos en espera de juicio, incluidas palizas propinadas por la Policía o por otros detenidos con conocimiento de los agentes o bajo sus órdenes. Entre los instrumentos de martirio descritos figuran: sillas de sujeción de hierro, bancos de tigre --en los que las piernas de la persona se atan con fueza a un banco y se agregan gradualmente ladrillos bajo los pies de la víctima, obligando a llevar hacia atrás las piernas-, además de periodos prolongados de privación del sueño y negación de alimentos y agua suficientes.

   Tang Jitian, ex fiscal y abogado en Pekín, ha confesado a Amnistía Internacional que fue torturado por agentes de seguridad locales en marzo de 2014 cuando, junto con otros tres abogados, investigó presuntas torturas en una instalación de detención secreta --una de las llamadas "cárceles negras"-- en Jiansanjiang, en el noreste de China.

   "Me amarraron con correas a una silla de hierro, me abofetearon, me dieron patadas en las piernas y me golpearon tan fuerte en la cabeza con una botella de plástico llena de agua que perdí el conocimiento", ha explicado. Más tarde, pusieron a Tang Jitian una capucha, lo esposaron y lo tuvieron colgando del techo por las muñecas mientras la policía lo golpeaba.

Policía chino

CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL

   "A pesar de varias iniciativas reformistas desde 2010, la definición de tortura en virtud de la legislación china sigue siendo inadecuada y contraria al Derecho Internacional", ha señalado Amnistía. La ley del país prohíbe únicamente ciertos actos de tortura, como "usar la violencia para obtener la declaración de un testigo" y solo cuando sus autores son ciertos funcionarios. Además, la tortura psicológica no está explicitamente vetada.

   "Para la Policía, obtener una confesión sigue siendo la manera más fácil de conseguir una sentencia condenatoria. Mientras no se permita a los abogados hacer su trabajo sin temor a represalias, la tortura seguirá siendo una práctica generalizada en China", ha afirmado Poon.

   Los investigadores de la organización han observado que en los dos últimos años las autoridades han hecho un uso creciente de una nueva forma de detención en régimen de incomunicación llamada "vigilancia domiciliaria en un lugar designado", que se oficializó en la ley de 2013, en el contexto de revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En virtud de este sistema, las personas sospechosas de terrorismo, soborno grave o delitos contra la seguridad del Estado pueden ser recluidas en un lugar no revelado durante un máximo de seis meses, sin ningún contacto con el mundo exterior, lo que deja a los detenidos en grave riesgo de tortura y malos tratos. En la actualidad, doce abogados y activistas se encuentran apresados según lo dispuesto en este marco.

   Las reformas del sistema judicial también introdujeron enmiendas para excluir las pruebas empañadas por la tortura, sin embargo de una muestra de 590 casos en los que se formularon denuncias por confesión forzada, únicamente se excluyeron 16 casos --uno de los cuales dio lugar a una absolución, mientras que el resto concluyeron en declaraciones de culpabilidad sobre la base de otras pruebas.

   Este número tan exiguo corrobora las denuncias de los abogados de que los jueces no excluyen las pruebas obtenidas de forma ilegítima. "Los funcionarios locales y la Policía siguen moviendo los hilos del sistema de justicia penal en China. A pesar de los grandes esfuerzos desplegados por los abogados defensores, muchas denuncias de tortura simplemente se ignoran por conveniencia política", ha señalado Poon.

   Amnistía ha pedido al Gobierno que garantice la prohibición de la tortura y otros malos tratos, así como la invalidación de las declaraciones obtenidas a través de estos mecanismos. También ha recalcado que los abogados y activistas jurídicos deben llevar a cabo su trabajo sin ningún tipo de hostigamiento, intimidación o procesamiento criminal.

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