MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La cámara de antejuicio del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha rechazado este viernes la petición de la Fiscalía de abrir una investigación formal por los crímenes cometidos en el marco de la guerra en Afganistán, por considerar que, aunque hay base legal, tiene escasas probabilidades de éxito por la falta de colaboración de las partes afectadas.
Los tres magistrados --Antoine Kesia-Mbe Mindua, Rosario Salvatore Aitala y Tomoko Akane-- han decidido de forma unánime frenar el plan de la fiscal jefe, Fatou Bensouda, de pasar del examen preliminar, que arrancó en 2006, a una investigación formal que podría derivar en un juicio.
El objeto de las pesquisas son los presuntos crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003 y en el territorio de los estados miembro del Estatuto de Roma --tratado fundacional del TPI-- desde el 1 de julio de 2002.
"Una investigación sobre la situación en Afganistán en esta fase no serviría al interés de la Justicia", han concluido, si bien el magistrado Kesia-Mbe Mindua prepara una opinión separada, según ha informado el TPI en un comunicado.
Tras un análisis "profundo" de la información enviada por Bensouda, han considerado que "hay una base razonable para considerar que en Afganistán se han cometido crímenes bajo la jurisdicción del TPI y que hay casos potenciales que se podrían admitir".
Sin embargo, han estimado también que "el tiempo transcurrido desde la apertura del examen preliminar, la cambiante escena política en Afganistán desde entonces y la falta de cooperación con la Fiscalía, que es probable que fuera a más su se autorizara una investigación, podrían dañar las probabilidades de éxito".
"Las actuales circunstancias en Afganistán hacen que la expectativa de éxito de una investigación y un procesamiento sean extremadamente limitadas", han dicho, indicando que, por ahora, es mejor destinar los recursos del TPI a otros asuntos con "mayor probabilidad de éxito".
BLOQUEO ESTADOUNIDENSE
La decisión se produce después de que Estados Unidos anunciara que, desde el 15 de marzo, denegará los visados al personal del TPI y revocará los que ya se le hayan concedido, con el objetivo de impedir una posible investigación sobre los presuntos crímenes de las fuerzas norteamericanas en Afganistán.
El Gobierno de Donald Trump cumplió su amenaza y la semana pasada retiró el visado a la fiscal jefe, aunque podrá seguir entrando a Estados Unidos cuando se trate de viajes relacionados con Naciones Unidas, que tiene su sede principal en Nueva York.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma pero Afganistán sí, por lo que el TPI tendría competencia para iniciar una investigación sobre los crímenes cometidos en la nación centroasiática. No obstante, en el caso de que necesitase la colaboración estadounidense, la Casa Blanca podría negarse.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha acusado a Bensouda de dirigir "una investigación políticamente motivada contra estadounidenses". "La primera y mayor obligación de nuestro Gobierno es proteger a nuestros ciudadanos y esta Administración cumplirá con ello", dijo al anunciar la medida.
Pompeo también amenazó entonces con aplicar las restricciones de visado para "disuadir al TPI de sus esfuerzos por perseguir a personal aliado, incluidos ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de los aliados". La Autoridad Palestina ha pedido al TPI que investigue al Estado judío.