DACA 21 Ene. (Reuters/EP) -
El Tribunal Internacional para los Crímenes de Bangladesh (TIC) ha sentenciado a muerte a un conocido telepredicador islámico, Abul Kalam Azad, por crímenes contra la humanidad durante la guerra de independencia del país de 1971.
"El Tribunal Internacional para los Crímenes (TIC) ha ordenado la pena de muerte en su veredicto", ha declarado uno de los abogados de la acusación, Sahidur Rahman.
Azad, un antiguo miembro del partido islamista más grande de Bangladesh, el Jamaat e Islami, ha sido declarado culpable de cometer torturas, violaciones y genocidio y de colaborar con el Ejército paquistaní durante la guerra de independencia contra Pakistán en 1971. La Policía cree que el pasado mes de abril Azad huyó a Pakistán por lo que ha sido juzgado sin estar presente ante el tribunal.
La primera ministra del país, Sheij Hasina, creó el tribunal en el año 2010 para investigar los abusos cometidos durante un conflicto que supuso la muerte de unos tres millones de personas y en el que miles de mujeres fueron violadas. Además de Azad, otras once personas, entre las que se incluyen varios antiguos líderes del Jamaat e Islami así como un antiguo ministro del Partido Nacionalista de Bangladesh, esperan ser juzgadas por el tribunal internacional para los crímenes de Bangladesh.
Este tribunal ha sido criticado por los grupos de defensa de los Derechos Humanos por no respetar las normas del Derecho Internacional. La oposición del país, por su parte, considera que el tribunal está siendo utilizado por Hasina como un instrumento contra los miembros de los dos principales partidos de la oposición, el Partido Nacionalista de Bangladesh y el Jamaat e Islami. Una de las principales rivales políticas de la primera ministra, Jaleda Zia, ha calificado de "farsa" al tribunal.
La ONG Human Rights Watch ha denunciado que la ley bajo la cual los acusados están siendo juzgados no cumple las normas internacionales respecto al correcto desarrollo de un proceso judicial. Los abogados defensores de Azad, los testigos y los investigadores confesaron a la ONG que habían recibido amenazas durante el juicio.