Junto a Suu Kyi ha sido sentenciado el expresidente Win Myint, también detenido tras el golpe de 2021
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Un tribunal de Birmania ha condenado este viernes a siete años de cárcel a la antigua líder 'de facto' del país Aung San Suu Kyi en un caso abierto contra ella por cinco cargos de corrupción durante su etapa en el Gobierno.
El caso deriva del alquiler y compra de helicópteros para su uso en tareas de gestión de desastre, si bien las acusaciones vertidas contra la destacada política, de 77 años, no están claras debido a que los abogados tienen prohibido hablar sobre los procedimientos.
Esta última sentencia eleva el tiempo total en la cárcel para Suu Kyi a 33 años de prisión por 19 cargos que le han sido imputados, incluidos doce que emanan de supuestos casos de corrupción, con lo que se extingue cualquier posibilidad de que vuelva a la política mientras la junta militar permanezca en el poder.
Junto a Suu Kyi ha sido sentenciado el expresidente birmano Win Myint, detenido junto a ella tras el golpe de Estado de febrero de 2021. El exmandatario ha recibido igualmente una pena de siete años de cárcel por estos mismos cargos, según ha recogido el portal birmano de noticias Mizzima.
Fuentes cercanas a ambos políticos han adelantado que apelarán las sentencias, si bien por el momento no han trascendido más detalles. La junta militar de Birmania no se ha pronunciado sobre las sentencias.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la semana pasada por primera vez una resolución que pide el fin de la violencia en Birmania e insta a la junta militar a que tome "medidas inmediatas" para el cumplimiento de la 'hoja de ruta' trazada por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Asimismo, reclama la liberación de todos los presos políticos, incluidos Suu Kyi y Win Myint.
El golpe fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.
La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes que se ha saldado hasta la fecha con cerca de 2.700 muertos y más de 16.600 detenidos --incluidos más de 13.100 que siguen bajo custodia--, según datos publicados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) a través de su cuenta en Twitter.
Por otra parte, las protestas iniciales contra el golpe de Estado han derivado en la formación de grupos armados de resistencia y en el refuerzo de las milicias étnicas ya presentes en el país antes de la asonada, lo que ha provocado un repunte de los combates en varios puntos del país, especialmente en el norte.
