Los abogados del exmandatario apelan y dicen que hay "pruebas objetivas" de que está enfermo en fase terminal
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Un tribunal de Sudáfrica ha determinado este miércoles que el expresidente Jacob Zuma debe volver a ingresar en prisión tras fallar que el permiso médico que le fue concedido en septiembre no es legal, una decisión aplaudida por la oposición.
El Tribunal Supremo de Gauteng ha indicado en su fallo que la decisión adoptada el 5 de septiembre por el Comisionado Nacional sobre Servicios Correccionales, Arthur Fraser, ha sido "declarada ilegal y rechazada".
Asimismo, ha indicado que el periodo que Zuma ha estado fuera de prisión con este permiso no debe contar como cumplimiento de la sentencia de 15 meses impuesta por el Tribunal Constitucional".
Por otra parte, el juez Elias Matojane, ha manifestado que Zuma y Fraser deben pagar los costes del proceso de apelación presentado ante el permiso médico, un veredicto aplaudido por el líder del opositor Alianza Democrática (AD), John Steenhuisen.
"La DA ha ganado el caso contra Arthur Fraser y su decisión de dar un permiso médico al expresidente Jacob Zuma. La orden del tribunal es concluyente", ha dicho Steenhuisen en su cuenta en la red social Twitter, donde ha publicado además el veredicto.
De esta forma, el líder opositor ha hecho hincapié en que "esta es una gran victoria para el Estado de Derecho y el principio de igualdad ante la ley". "Hay un bloque de leyes para todos", ha valorado, junto a una bandera de Sudáfrica.
Poco después, la Fundación Jacob Zuma ha anunciado que los abogados del expresidente han presentado una apelación para intentar mantener en pie el permiso médico argumentando que el fallo "está claramente equivocado", lo que implica que no ingresará inmediatamente en prisión. "Hay firmes posibilidades de que un tribunal superior llegue a una conclusión totalmente diferente", ha dicho el organismo en un mensaje en Twitter.
Los abogados de Zuma han resaltado que las condiciones en prisión "son mucho peores que en el hospital en el que se le concedió el permiso médico a partir del argumento de que ninguna cárcel podría proteger sus derechos constitucionales", antes de argumentar que el fallo "es equivalente a una pena de muerte, abolida en 1995 en Sudáfrica".
En este sentido ha argüido que "la ley no debe ser reescrita para un castigo perpetuo a un individuo y sacrificarle tanto a él como a sus derechos en el altar de la enemistad política, el odio inhumano y el racismo por parte de sus despiadados perseguidores", según ha informado el diario sudafricano 'News 24'.
De hecho, los abogados han citado "pruebas objetivas" de que el exmandatario se encuentra enfermo en estado terminal después de que uno de los doctores que participó en su análisis clínico dijo "sí" cuando le preguntaron si sufría una enfermedad terminal, por lo que han insistido en que el fallo de Matojane "equivale a un castigo cruel y degradante".
Por su parte, el gubernamental Congreso Nacional Africano (ANC) ha dicho que "toma nota" del veredicto. "Tomamos nota también de que el fallo cuenta con la atención del Departamento de Servicios Correccionales", ha manifestado en un breve comunicado en Twitter.
Horas antes, el Departamento de Servicios Correccionales ha dicho que "toma nota" del veredicto y ha agregado que lo está estudiando y se pronunciará en el futuro sobre el mismo, tal y como ha recogido 'News 24'.
El expresidente sudafricano, condenado en junio a 15 meses de cárcel por desacato por negarse a testificar ante un panel judicial que investiga la corrupción durante su mandato, fue trasladado en agosto a un hospital desde la prisión en la que cumple condena para realizarse pruebas médicas, tras lo que se informó de que sería sometido a una cirugía.
Zuma convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) --partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente y actual presidente, Cyril Ramaphosa-- se hizo con el poder en 1994.
El encarcelamiento de Zuma --quien está siendo juzgado en otro caso por corrupción-- derivó en una oleada de protestas en el país que derivó en unos enfrentamientos y disturbios que se saldaron con varios cientos de muertos.
Asimismo, el exmandatario hace frente a juicio por supuesta corrupción por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió en conexión con una compra de armamento a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de los noventa, cargos que igualmente rechaza.
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