WASHINGTON, 17 Abr. (Reuters/EP) -
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este martes que un estatuto de inmigración que exige la deportación de inmigrantes que cometieron delitos es indeterminada desde el punto de vista legal, una decisión que podría limitar la capacidad del Gobierno de acelerar la expulsión de inmigrantes con historial delictivo.
En una votación que se ha saldado con cinco votos a favor y cuatro en contra, el tribunal ha dado respaldado a James Garcia Dimaya, un inmigrante legal de Filipinas que fue condenado por robo en California.
En la votación, el magistrado conservador Neil Gorsuch, que fue nombrado por el presidente del país, Donald Trump, se ha sumado a sus cuatro colegas liberales.
El tribunal ha ratificado así un dictamen de 2015 de un tribunal de primera instancia que indicó que una provisión de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que exigía la deportación de Dimaya creó incertidumbre sobre qué delitos pueden ser considerados violentos, al tiempo que advirtió de que el cumplimiento de la deportación podría suponer una violación de la Constitución.
El dictamen ayuda a clarificar los actos criminales por los que pueden ser expulsados los inmigrantes legales en un momento de intenso foco sobre los asuntos migratorios en Estados Unidos, mientras Trump intenta incrementar las deportaciones de inmigrantes que han cometido delitos.
"Las leyes difusas invitan al poder arbitrario", ha dicho Gorsuch en una opinión concurrente, mencionando que las colonias americanas en el siglo XVIII se refirieron a la vaguedad de las leyes inglesas como una de las razones para alzarse en revolución.
"Puede que la leyes vagas no sean tan ofensivas hoy, pero pueden invitar igualmente al ejercicio del poder arbitrario al dejar a la gente a oscuras sobre los requisitos de la ley, y al permitir que fiscales y cortes decidan", ha agregado.
Dimaya llegó a Estados Unidos desde Filipinas como residente legal permanente en 1992, con 13 años, y vivía en la zona de la Bahía de San Francisco. Las autoridades federales ordenaron su deportación por dos robos en casas en 2007 y 2009, aunque ninguno fue con violencia.
