BRUSELAS, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este martes que los países de la Unión Europea no tienen la obligación de conceder a ciudadanos de otros Estados miembros la misma protección contra la extradición que otorgan a sus nacionales.
No obstante, el Tribunal ha subrayado que antes de ejecutar la extradición a un tercer país, el Estado miembro en el que está detenida la persona involucrada debe dar prioridad al intercambio de información con su Estado miembro de origen y permitirle la entrega del ciudadano para su procesamiento.
La sentencia del TUE resuelve el caso de un ciudadano estonio detenido en Letonia y con una solicitud de extradición procedente de Rusia, país que reclamaba su ingreso en prisión por tráfico de estupefacientes a gran escala en banda organizada.
Este ciudadano pidió que se anulase la autorización de su extradición alegando que el Derecho letón prohíbe la extradición de los nacionales letones y que Letonia, en virtud de un acuerdo alcanzado con Moscú, no extradita a sus nacionales a Rusia, por lo que estaba obligado a protegerlo.
El TUE ha señalado que las normas que introducen una diferencia de trato en función de si la persona interesada es nacional de ese país de la UE o de otro Estado miembro constituyen una restricción a la libertad de circulación. Por lo tanto, estas restricciones "sólo pueden justificarse si se basan en consideraciones objetivas y es proporcionada al objetivo perseguido por el Derecho nacional".
Así, en opinión del Tribunal, el objetivo de evitar el riesgo de impunidad de las personas que han cometido una infracción en un tercer país "presenta un carácter legítimo en el Derecho de la UE", por lo que "las normas nacionales que permiten responder favorablemente a una solicitud de extradición" a un tercer país donde se ha cometido la infracción "son adecuadas para alcanzar el objetivo perseguido".
En cualquier caso, el TUE ha apuntado que, a falta de normas comunitarias que regulen las extradiciones entre Estados miembros y terceros países, es necesario, además de garantizar el cumplimiento de una pena, "proteger al mismo tiempo a los ciudadanos de la UE frente a medidas que puedan privarles del derecho a la libre circulación".
Por ello, la sentencia señala que se debe dar prioridad al intercambio de información con el país de la UE de origen del detenido para dar la oportunidad a las autoridades del país de emitir una orden de detención europea con vistas a su procesamiento.
Finalmente, el TUE ha recordado que ninguna persona puede ser devuelta, expulsada o extraditado a un Estado en el que corra grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.
